Como fiscales y juristas, pero también y sobre todo como ciudadanos, muchos de nosotros viviendo y desempeñando nuestras funciones en Cataluña, no podemos permanecer impasibles o en silencio ante las últimas decisiones tomadas por el Gobierno de la Generalitat y por el Parlament de Catalunya. El contenido y la tramitación que se está desarrollando de las proposiciones de la Ley del referéndum de autodeterminación y de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república nos provoca conmoción, una honda preocupación y un rotundo rechazo.
Es claro que en toda esta situación subyace un problema político que deberá ser abordado y reconducido por los cauces, también políticos, que correspondan. Ahora bien, ello no puede ser excusa para la flagrante y reiterada vulneración de la legalidad que se está acometiendo.
El principio de legalidad y la correlativa sujeción de los poderes públicos a la ley es lo que define a un Estado Democrático de Derecho como tal. Ello garantiza la convivencia, proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos y protege frente a decisiones arbitrarias y regímenes autoritarios.
La contravención de estos principios por las citadas proposiciones de ley es patente y no precisa de sesudos análisis técnico-jurídicos. Así, se vulnera claramente la Constitución española, aprobada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de España y también de Catalunya. Infringen también las previsiones del propio Estatut de Catalunya. Tampoco se adecúan a las condiciones y recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, ni tienen amparo en ningún Tratado internacional ni en las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación, aplicables por cierto a situaciones por completo distintas a la existente en Cataluña y el resto de España.
Los votos de una apretada mayoría de diputados del Parlament no pueden dinamitar la estructura legal y constitucional de un Estado como el español, ni pueden imponer una visión parcial y sesgada de lo que significa la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines. Recordemos, otra vez, que lo que distingue a una democracia no es la celebración de consultas populares -que acogen también los regímenes no democráticos- sino la sujeción de los poderes públicos a la Ley.
Como ciudadanos esperamos cordura, sensatez y soluciones políticas, pero también respeto a las leyes y a los principios democráticos. Como fiscales asumimos con convicción y responsabilidad el desempeño de las funciones que legal y constitucionalmente tenemos atribuidas.
Barcelona, Las Palmas, Albacete, 7 de septiembre de 2017
4 respuestas
Perfecto e inmaculado mensaje .. aviso a navegantes
Cierto es que en regímenes autoritarios se celebran también consultas populares que la mayoría no respalda.
Ánimo y a trabajar por y con la LEY
Totalmente de acuerdo