Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ante la situación que se desarrolla en los territorios ocupados palestinos, especialmente en Gaza, y sobre la base de informes y resoluciones de organismos internacionales, manifestamos:
Ante el riesgo extremo de muertes masivas de civiles palestinos, especialmente niñas y niños, por la privación de alimentos y el uso intencional y sistemático del bloqueo alimentario contra la población civil, tal y como han advertido la OMS, OCHA y el sistema IPC (OMS, 23-jul-2025; IPC Alert, 29-jul-2025).
Ante las continuadas acciones realizadas por el ejército israelí de disparar contra civiles durante la distribución de ayuda humanitaria, causantes, según ha sido documentado por la ONU, de la muerte o heridas graves a numerosas personas (OHCHR, 5-mar-2024).
Ante los ataques documentados contra personal médico, periodistas y defensores de derechos humanos, señalados por la OMS (EB156/20, ene-2025) y el Comité para la Protección de Periodistas (2024-2025), que constituyen graves vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario.
Ante la destrucción masiva de edificaciones residenciales e infraestructuras civiles esenciales, acreditada por datos de teledetección de UNOSAT (agosto-2025), que indican que más del 60 % de las estructuras de Gaza han sido dañadas o destruidas.
Ante las declaraciones recientes de autoridades israelíes, recogidas por medios internacionales (Reuters, 10-ago-2025), que anuncian operaciones militares para la ocupación total de Gaza Ciudad, con el consiguiente riesgo de desplazamiento forzoso masivo, prohibido por el Derecho Internacional Humanitario.
Ante la cooperación política, militar, tecnológica y comercial de Estados terceros —incluidos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea— con Israel, documentada por Amnistía Internacional (dic-2024) y por instituciones europeas (Consejo Europeo, jul-2025), que plantea la posible responsabilidad internacional por asistencia a violaciones graves del Derecho Internacional.
Ante la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024 y la Resolución de la Asamblea General de la ONU de 13 de septiembre de 2024, que declaran la ocupación y anexión de los territorios palestinos ilegales, instan al desmantelamiento de asentamientos antes del 13 de septiembre de 2025 y obligan a los Estados a no reconocer ni asistir dicha situación.
Exigimos:
- Implementar un embargo integral de armas, incluidos transporte y contratos tecnológicos, prohibiendo el uso de puertos y aguas jurisdiccionales españolas para dicho transporte.
- Prohibir cualquier relación comercial con Israel que genere beneficios derivados de la ocupación ilegal, adoptando medidas legales para impedir lucro por incumplimiento del Derecho Internacional.
- Suspender todo acuerdo de cooperación en investigación, ciencia, cultura y deporte con Israel.
- Suspender de inmediato las relaciones diplomáticas con Israel.
- Impulsar en la UE la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel hasta el cumplimiento del Derecho Internacional y de las resoluciones de la ONU.
- Adherirse a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ por violación del Convenio de Genocidio.
- Cooperar con la investigación de la CPI sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina, garantizando el cumplimiento de sus decisiones.
- Promover la celebración de una Conferencia Internacional para la imposición de sanciones a Israel por violaciones graves del Derecho Internacional.
- Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la efectividad de la jurisdicción universal en crímenes internacionales.
- Adoptar medidas políticas y humanitarias que garanticen la protección del pueblo palestino, su acceso al sistema de protección internacional y unas condiciones de acogida dignas.
Formulamos este pronunciamiento desde el compromiso con el Derecho Internacional, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de resoluciones judiciales internacionales. Interpelamos al Gobierno y a la UE para que cesen toda cooperación activa o pasiva con violaciones graves del Derecho Internacional, recordando la posible responsabilidad penal de quienes, por acción u omisión consciente, faciliten la comisión de crímenes internacionales.
A 14 de agosto de 2025
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
