DECLARACIÓN DE BARCELONA
La Unión Progresista de Fiscales, tras la reunión mantenida por su Secretariado Permanente en Barcelona hoy 9 de noviembre de 2017, a donde se ha desplazado para acompañar y poner de relieve nuestro apoyo a todos los compañeros de las Fiscalías catalanas, quiere dejar constancia y trasladar a nuestros asociados, a todos los fiscales y a la opinión pública su compromiso con el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad constitucionalmente establecida.
El durísimo cuestionamiento realizado recientemente a las decisiones judiciales que han acordado medidas limitativas de derechos a varios ex Consellers de la Generalitat y representantes de asociaciones independentistas investigados por la Audiencia Nacional, que en el Estado democrático en el que vivimos puede ser ejercido con total libertad, no debe llevarnos a insinuar, en ningún caso, que en nuestro país las garantías y derechos de las personas sometidas a un proceso penal no son equiparables a las de cualquier nación de nuestro entorno.
España es un Estado de Derecho en el que las decisiones judiciales y las solicitudes de la Fiscalía están sometidas, además de a un sistema hipergarantista en la instrucción y el enjuiciamiento de los investigados, al control y crítica de la opinión pública sin ningún tipo de cortapisa y con total transparencia. Pero una cosa es mostrar disconformidad con las decisiones judiciales adoptadas y otra muy distinta cuestionar el sistema y la integridad e imparcialidad de quienes tienen la difícil labor profesional de asumir con responsabilidad la respuesta penal a los gravísimos hechos ocurridos en Cataluña en los últimos tiempos.
Es legítimo que haya ciudadanos que lamenten que la respuesta judicial no se atempere a la conveniencia u oportunidad política para resolver la delicada situación que todos vivimos. Ahora bien, ello ni quiere ni puede significar que nuestro sistema procesal, la división de poderes y las garantías del Estado de Derecho asentadas en nuestro sistema democrático no sean iguales para todos los ciudadanos a través del imperio de la ley. Si fuera de otra manera, la Unión Progresista de Fiscales sería la primera en denunciarlo.
Barcelona, a 9 de noviembre de 2.017.