La Unión Progresista de Fiscales (UPF) es una asociación profesional de fiscales constituida en el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 127 de la Constitución de 1978 y en el artículo 54 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La UPF pertenece junto a otras asociaciones de magistrados y fiscales europeos, entre los que se encuentra la española JpD (Jueces para la Democracia), a la asociación MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades).
Desde el punto de vista histórico, al margen de “Justicia Democrática”, el movimiento asociativo de los fiscales arranca de la reunión de Sigüenza de 17 de mayo de 1980 y continúa con los Congresos ordinarios de la Asociación de Fiscales, única en aquellas fechas, celebrados en Albacete (1980), Fuengirola (1982) y Valencia (1984), congreso en el que se produce una escisión de un grupo de fiscales que posteriormente fundó la Unión Progresista de Fiscales (UPF) al discrepar del modelo de Ministerio Fiscal que defendía la Asociación.
En marzo de 1985, en la localidad de Colmenar, cristalizó la idea de crear la UPF, celebrándose su Congreso constituyente en Madrid el 5 de junio de 1985 en el que fue nombrado Presidente de la nueva asociación Fernando Jiménez Lablanca, estableciéndose entre sus fines los de “promover la defensa y plena realización de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución, satisfacer el interés social, defender los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, proteger a los sectores marginados de nuestra sociedad, promover el perfeccionamiento del servicio público de la Administración de Justicia y defender los intereses y derechos profesionales de los fiscales”.
