Barcelona, 21 de febrero de 2009.
COMUNICADO DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODERJUDICIAL
La Unión Progresista de Fiscales manifiesta el más absoluto rechazo a lasdeclaraciones realizadas por D. Fernando De Rosa Torner, Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, en relación con la actuación jurisdiccional del Magistrado de la Audiencia Nacional D. Baltasar Garzón.
Las declaraciones del sr. De Rosa,como mínimoveladamente amenazadoras,revelan una inequívoca intención de interferir indebidamente en el curso normal del procedimiento judicial al que se refieren, por lo que constituyen en sí mismas un gravísimo ataque a la independencia judicial. Ataques de esta laya resultan reprochables cualquiera que sea su emisor, mas en este caso resultan especialmente preocupantes por cuanto provienen, nada menos, que del vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, que es precisamente el garante de su independencia.
La independencia judicial, cuya protección se articula a nivel constitucional, gubernativo e incluso penal (art. 508.2 del Código Penal), resulta, si cabe, más vulnerable en los procedimientos relativos a hechos de corrupción, por lo que todos los responsables públicos deben ser especialmente cautelosos en sus manifestaciones. Hace muy poco se manifestó la UPF en apoyo del mismo Juez y de la Fiscalía Anticorrupción, en defensa de su investigación objetiva e imparcial de unos hechos que son estructuralmente gravísimos para la convivencia democrática. Ya se indicó que los ataques que el Juez de Instrucción y la Fiscalía Anticorrupción están recibiendo son muestra de las presiones e interferencias que sistemáticamente aparecen cuando se investigan hechos de corrupción.
Las declaraciones del sr. De Rosa revelan palmariamente queel actual Vicepresidente del CGPJ, antes Consejero de Justicia del Gobierno valenciano del Partido Popular, ha antepuesto sus servidumbres partidistas al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, lo cual le inhabilita a todas luces para continuar en el cargo.
Del mismo modo que no hace mucho exigíamos del Ejecutivo mesura en sus actitudes a fin de evitar perturbaciones de cualquier tipo en la independencia judicial, nos vemos obligados ahora a exigir del Consejo General del Poder Judicial que, por una parte, ampare al juez Garzón frente a los ataques de responsables políticos del Partido Popular y, por otra parte, analice las declaraciones de su actual vicepresidente, a los efectos oportunos. Igualmente, exigimos el debido respeto institucional al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, y reclamamos de la Fiscalía General del Estado que ampare a sus integrantes.
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de independencia judicial. Confiemos en que todos los que lo han hecho salgan ahora en su defensa.
