Partiendo del respeto que nos merece la libre posición de cada juez y fiscal frente a la huelga convocada por tres días a partir de hoy en el ámbito de la justicia la Unión Progresista de Fiscales quiere realizar los siguientes pronunciamientos:
1º) UPF no puede apoyar la huelga porque considera que las reformas legales proyectadas ni entrañan un riesgo real para el Estado de Derecho, ni tampoco afectan a la independencia de jueces y fiscales. No nos equivoquemos. No estamos hablando del derecho a la huelga sino si se dan las circunstancias para que UPF pueda apoyar dicha medida en este caso concreto.
2º) Los convocantes de la huelga reclaman una retirada total de los dos textos prelegislativos. Ello implicaría:
a) – decir no al blindaje legal de las becas para preparar oposiciones.
b) – decir no a que se cree un centro público de preparación de oposiciones al que puedan acceder personas de todas las rentas y de todos los rincones de España; lo cual no restringe la libertad de cada persona de elegir al preparador que quiera.
c)- decir no a una modificación del examen de acceso que hoy por hoy sólo valora las habilidades memorísticas. ¿Por qué genera tanta desconfianza la introducción de un supuesto práctico si el tribunal evaluador tiene plena autonomía y el Gobierno no participa en su nombramiento?; ¿por qué se dice que se puede filtrar ese examen si eso nunca ha acontecido con el tipo test después de más de veinte años?
d) – decir no a que se prohíba la financiación privada a las asociaciones fiscales; lo cual, sin ninguna duda es la mayor garantía de su total independencia de los grupos fácticas.
e) – y sobre todo, es decir no al anhelo que las/los fiscales llevamos reclamando 40 años: asumir la investigación de los delitos penales; cosa que ya hacemos, y con éxito, en la jurisdicción de menores y en ámbito de la fiscalía europea.
UPF no va a decir que no a estos aspectos que entendemos IMPRESCINDIBLES.
3º) UPF dice ADEMÁS NO a la huelga porque:
– La justicia no es que necesite sino que ansía reformas estructurales. Los medios materiales y personales son ridículos (la ratio de jueces y fiscales por 1.000 habitantes en España es de las más bajas de la UE). Tenemos fórmulas del siglo XIX para luchar con delincuencia del siglo XXI).
– No apoyamos la huelga porque apoyarla implica transmitir desde la propia carrera un mensaje de desconfianza a la sociedad en relación a la capacidad profesional e institucional de la fiscalía para asumir la investigación penal.
– No podemos ni queremos colaborar en un debate tóxico y viciado donde se deslegitima de antemano a las posiciones partidarias de la negociación y del diálogo. La sociedad debe saber que lo que se está debatiendo no es una ley que afecta a un gobierno concreto o a un FGE concreto sino un nuevo modelo de proceso penal que nos debería servir para 2-3 generaciones, es decir para los próximos 50 años. ¿no merece la pena un esfuerzo de encuentro y diálogo entre todos para establecer todas las mejoras que sean necesarias?
3º) ¿Quiere decir esto que UPF considere adecuados todos los extremos de los proyectos legislativos?
Rotundamente no. Como hemos dicho en otros comunicados estas semanas UPF exige que las reformas legislativas en trámite aborden, introduzcan o modifiquen las siguientes cuestiones:
· Consideramos imprescindible que inmediatamente se realice un estudio, donde participe la FGE, independiente, objetivo, serio y riguroso, relativo a las necesidades estructurales, organizativas y de medios materiales y personales en relación a las necesidades de medios personales y materiales que implicaría que la fiscalía asuma la dirección de la investigación fiscal.
· Que el Gobierno asuma compromisos legislativos y normativos concretos para dotar a la Fiscalía de autonomía presupuestaria, organizativa y formativa.
· Que se establezca legalmente en el EOMF que, en aquellos casos donde esté previsto el informe del Consejo Fiscal, para el caso de que el criterio del FGE se aparte del posicionamiento del CF, el FGE necesite el refrendo de la Junta de Fiscales de Sala (esta ha sido la propuesta que los Consejeros de UPF han trasladado formalmente a la FGE).
· Establecer en el EOMF adecuados y suficientes mecanismos de contrapeso frente al principio de dependencia jerárquica destinados a asegurar la imparcialidad e independencia del Fiscal que conozca de cada asunto. Se debe garantizar la completa autonomía e inamovilidad del fiscal investigador.
· Partiendo del absoluto respecto por el colectivo de jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes y por el trabajo por ellos y ellas desarrollado, UPF solicita una profunda modificación en la regulación del proceso de estabilización de sustitutos, tal y como ésta previsto en los textos prelegislativos. Constatamos un profundo y muy razonable malestar en la carrera con la fórmula legal adoptada. Ello en base a las siguientes razones:
– Cualquier propuesta de estabilización en el empleo del citado colectivo debe garantizar de modo absoluto las legítimas expectativas del cuerpo de opositores y opositoras a las carreras judicial y fiscal. El anuncio actual del Gobierno de convocatoria del proceso de estabilización sin que la ley se haya aprobado nos parece un ejemplo de lo que no se debe hacer y de no tratar de calmar las aguas. Entendemos que esa es una inadecuada y muy desafortunada estrategia.
– No compartimos que se abra la participación en el proceso de estabilización a quienes, contando con el título de Grado en Derecho, acrediten tener al menos cinco años de ejercicio profesional. Rechazamos que el texto prelegislativo no determine que los únicos destinatarios sean aquellos que hayan ejercitado su labor profesional como sustitutos dentro de la carrera judicial o fiscal, según la carrera a cuyo ingreso se aspire.
-Entendemos que el plazo adecuado para poder acceder al proceso de estabilización debe ser el de 10 años. Todo ello por dos razones:
a) homologación con el cuarto turno judicial, pues es a eso a lo que debe asimilarse ese proceso, en todo lo posible
b) no establecer un tipo de forma de acceso privilegiada con relación al turno libre; todo ello teniendo en cuenta que el tiempo que transcurre desde que una persona empieza a preparar las oposiciones hasta que toma posesión como fiscal después de superar el curso teórico-práctico en el CEJ alcanza muchas veces los 7 años.
– El diseño del proceso selectivo está escasamente regulado, a diferencia del desarrollado para el cuarto turno, en que se inspira. No solo debe desarrollarse con un mayor grado de precisión, sino añadir expresamente el cumplimiento de los requisitos de publicidad y transparencia que debe regular todo proceso selectivo público y este en particular, evitando cualquier posibilidad de interferencia o manipulación.
A fin de hacer llegar nuestra postura a todos los ámbitos UPF quiere hacer dos anuncios:
· Anunciamos formalmente que una vez que termine la huelga vamos a solicitar una reunión urgente con el Ministro de Justicia, a los efectos de poder transmitirle directamente todas nuestras posiciones.
· Así mismo, solicitamos que los Grupos Parlamentarios interesen la convocatoria de todas las asociaciones de jueces y fiscales a efectos de que seamos todas oídos donde debe serlo, en el órgano depositario de la soberanía nacional. En el trámite legislativo urgente, la posibilidad de escuchar en comisión a grupos o asociaciones no está expresamente prevista como obligatoria, por ello puede hacerse si así lo decide la comisión o la Mesa correspondiente.
UPF asume a todos los efectos una posición que, frente a la opción de disputa disruptiva cortoplacista, ofrecerá siempre una apuesta por el diálogo institucional y parlamentario con el objetivo de, entre todos, sin vencedores ni vencidos, construir el modelo de justicia independiente, moderno, eficiente y eficaz que la sociedad española merece y exige.
Sevilla, Bilbao, Málaga, Barcelona, Almería y Madrid a 1 de julio de 2025
El Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales
