No hace mucho ha llegado a mis manos un impagable documento –más bien, folleto informativo- del momento en que se implantó en Fiscalía nuestra aplicación informática, el Fortuny de nuestras desdichas. Leyéndolo, he recordado que lo ví en su día, pero hace tanto tiempo, nada menos que 10 años, que no lo recordaba bien. Pero pasada una década, es un buen momento para releerlo.
Entre sus ventajas, anunciaba: aprovechar el registro realizado por el órgano judicial, seguimiento y control de expedientes en Fiscalía, elaboración de dictámenes partiendo de sus plantillas, estadísticas y listados, entorno gráfico, utilidades y funcionamiento intuitivo y fácil de manejar. Me quedo ojiplática y boquiabierta a un tiempo, tratando de ver si en este tiempo hemos percibido esas ventajas. La respuesta es imaginable para cualquiera, pero vayamos por partes.
Lo de aprovechar el registro del órgano judicial da ganas de reír de solo leerlo. Nunca ha existido conexión alguna con los registros del Juzgado, y parece que nos hemos resignado a que no la haya. Hace un tiempo, declaraba el Juez Decano de Valencia que Fiscalía y Juzgados no se hablaban, dicho sea en términos estrictamente informáticos, claro está. Y tenía toda la razón.
Lo del control, parece ser un inconveniente más que una ventaja, puesto que los mayores problemas se suscitan hoy para intentar hacer coincidir los datos del programa con los de otros montones de estadísticas que hemos de rellenar. También lo de las planillas o modelos ha sido papel mojado, puesto que no hay más que echar un vistazo a esos modelos para opinar, al margen de que algunos hacen referencia a tipos ya derogados; el modelo más usado es el recurrente “texto libre”, que nos ofrece la pantalla totalmente virgen. En la vida real se siguen usando los documentos que cada uno tiene, y se cortan y copian sobre el programa, lo que no hace en la práctica sino reduplicar el trabajo. Y más aún en lugares como Valencia, en los que la sustitución por razones económicas del Word (con el que trabaja el programa) por el gratuito Libreoffice ha generado importantes problemas de incompatibilidad, por añadidura.
Pero lo peor es lo de las estadísticas y listados. Sólo con que nos menten a cualquier Fiscal el estadillo, se nos ponen los pelos verdes. Porque el programa no ha hecho desparecer la odiosa obligación mensual de introducir manualmente los datos en un programa diferente, tras haberlo ido anotando a mano a diario con la minuciosidad de un monje amanuense. El folleto en cuestión dice textualmente “genera automáticamente las estadísticas mensuales por fiscal, las anuales de la fiscalía y una memoria que calcula el volumen de trabajo”. Pues que nos digan dónde, porque de automático nada. Seguimos haciendo los estadillos, mensuales no a no, la memoria y todo lo que nos demandan. Y, como mucho, hay que comparar con lo que dice Fortuny que nunca, nunca, coincide. Así que acaba dando más trabajo todavía.
Y, para acabar el repaso, en lo de la intuición mejor ni entro. Un montón de pantallas, un reducídisimo tiempo de espera o unos ítems rígidos, son sólo algunos de los hitos de esas supuesta intutividad. Es decir, después de diez años, no ha cumplido nada, o casi nada, por no ser demasiado negativa. Me quedo con la frase de una compañera: el programa debería trabajar para nosotros, pero somos nosotros quienes trabajamos para él.
¿Están mejor por los Juzgados?, cabría preguntarse, aunque más bien sea una pregunta retórica. Obviamente, el primer inconveniente es ese divorcio del que hablaba respecto de la aplicación de Fiscalía. Y la cosa es tremenda: no se trata sólo de las dificultades que nos supone para trabajar a jueces y fiscales, que ahorraríamos mucho tiempo y, sobre todo, muchas llamadas y desplazamientos, sino de que este divorcio supone un gasto de tiempo y de esfuerzo personal inasumible cuando tan necesitados estamos. Los funcionarios de los Juzgados registran un asunto que, cuando viaja a Fiscalía, se vuelve a registrar, con los mimos datos, en programa distinto. Que, por supuesto, no está interconectado con el anterior. Horas de trabajo tiradas a la basura, nada menos.
Pero ahí no acaba todo. Las diferentes Comunidades Autónomas cuentan con diferentes programas informáticos, distintos a su vez de aquéllas que no tienen competencias transferidas. Ello genera un mapa informático tan variopinto como sea imaginable. Comunidades, como cuentan de Canarias, con sistemas compatibles, otras con un sistema común al Ministerio pero incompatibles con las Comunidades de competencias transferidas, y otras que solo se hablan consigo mismas. Si a ello unimos otros registros como el relativo a las órdenes de protección que llevan los Secretarios Judiciales, y otras aplicaciones a las que sólo entran a través de la página del Consejo General del Poder Judicial (un ejemplo reciente, el de la orden de protección europea), el panorama es desolador. Y no parece tener visos de mejorar. Aunque ojala me equivoque- Al fi y al cabo, la esperanza es lo último que se pierde.
SUSANA GISBERT GRIFO
Fiscal (Fiscalía Provincial de Valencia)
