Nuestro querido compañero Carlos Jimenez Villarejo ha escrito este hermoso texto en memoria de su hermano José Jiménez Villarejo, Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo (1929-2013).
Congreso de la Unión Progresista de Fiscales
6-7 de Junio de 2014
En memoria de José Jiménez Villarejo
Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo (1929-2013)
El pensamiento de José Jiménez Villarejo seguirá brillando en la historia del pensamiento jurídico y con mayor fuerza cada vez, como veremos muy resumidamente, porque su dimensión profundamente democrática y humanitaria, en los tiempos que vivimos de riesgo de los valores constitucionales, lo hace absolutamente necesario.
Sus Memorias como Fiscal-Jefe de Huelva (1974-1981), coincidiendo con su primera responsabilidad en una Jefatura, constituyen la primera expresión pública de su pensamiento social y jurídico.
Por ello poseen mucho valor, dado que se expresan desde la mesura impuesta durante la dictadura hasta la denuncia pública de la actividad conspirativa contra la recién estrenada democracia. Así se deducen de sus siempre lúcidas y adelantadas reflexiones que, obviamente, parten del análisis del fenómeno delictivo en aquella provincia.
Es significativo que en 1975 ya se planteara el interrogante aún plenamente vigente: “?Desfase entre la realidad social y la normativa penal¿”.En la Memoria de 1979,el análisis de la delincuencia juvenil, le llevaba a afirmar que “está tan socialmente condicionada que resulta farisaico hablar tanto de ella y leer tranquilamente las estadísticas sobre la incidencia del paro en esos grupos de edad”.Exigiendo reaccionar ante esa realidad “desde un marco de referencia no puramente defensista sino, al mismo tiempo, científico-causal y ético-jurídico”.Y concluía así:”Hay que tener el valor de decir a cuantos piden “palo largo” que la acción no puede ser sino educativa, reformadora y humanizadora”.
En 1980,ante una criminalidad que califica de ascendente por lo que afecta a las capas sociales mas débiles, se manifiesta mas rotundamente planteando la necesidad de avanzar en “dos líneas de transformación”, la que representa “para todos la verdadera igualdad de oportunidades” y los “nuevos valores de una cultura más solidaria, cooperativa y liberadora”, añadiendo que “lo que hay que hacer es no perder los estribos y no dejarse llevar por reacciones instintivas como el miedo y la cólera” porque, lo que siempre fue una constante en su quehacer profesional, la respuesta social y judicial ante el delito “debe ser serena, reflexiva y justa”. Por tanto, concluía con su oposición “al aumento de las penas” y al “relajamiento de las garantías procesales” para enfrentarse a la delincuencia que, en ningún caso, debe afrontarse como si se tratara de “una jauría de lobos”.
En 1981, ya se enfrentó a quienes, dentro y fuera, se revolvían contra la democracia a propósito del supuesto incremento de la delincuencia. Decía así:” Ante aquellos lamentos- tantas veces estimulados y utilizados para desprestigiar y quien sabe si segar en flor el régimen de libertades que ha conquistado el pueblo español- es preciso oponer el rigor de las cifras”.Pero, lo mas importante de esta Memoria es lo que sigue a tenor del examen de los delitos de tenencia ilícita de armas:”Este Fiscal considera su deber aprovechar este lugar de la Memoria para patentizar su preocupación por la aparente facilidad con que personas de la mencionada significación política-“individuos de la ultraderecha inclinados a la acción violenta”-acceden a la posesión de armas, incluso de imposible legalización por tratarse de armas de guerra”.Además, añade la que será la primera denuncia desde el Ministerio Fiscal de los riesgos que entrañaba la extrema derecha:”Seríamos infieles a nuestra conciencia y nuestras mas íntimas convicciones si no nos sirviéramos de esta vía reglamentaria para hacer constar ante V.E. nuestra desazón ante lo que consideramos una situación peligrosa….,situación creada por un grupo de ciudadanos significados por su frontal rechazo al orden constitucional, que pueden constituir, a corto plazo quizá, un grupo prácticamente armado….que puede abrir sombrías perspectivas para la pacífica y democrática convivencia de los españoles”. Estas palabras, escritas en Febrero de 1981, coincidían con el golpe militar de esa fecha. Golpe que, como es sabido, denunció ante el Fiscal General del Estado. En esta misma Memoria, volvía a recordar “el increíble escándalo social del paro” como causa remota o próxima del delito en los ámbitos juveniles.
Y en la última Memoria que hemos podido examinar, la de 1982, se lamentaba ante quienes equiparaban libertad y delincuencia: “¿Cuándo llegará el día en este país en que la pacífica y libre convivencia de todos deje de considerarse…..como un peligroso factor de criminalidad?”.
Volvía a expresar su preocupación por la extrema derecha, la que resumía así:”Dejemos brevemente apuntado este tema como muestra quizá del largo camino que aún deben recorrer algunos sectores del aparato estatal hasta colocarse, con absoluta claridad y lealtad, sin reservas ni complicidades de clase alguna, del lado de la legalidad constitucional”.
Análisis que muchos años después, Noviembre de 2012, vuelve a reiterar:”la mayoría (de la magistratura) podría ser caracterizada como ajena a los ideales democráticos, aunque su compromiso con la dictadura no fuera siempre el mismo. Estaban los que habían ejercido funciones en los órganos represivos como los juzgados o el tribunal de orden público, los que habían ocupado ocasionalmente cargos políticos en la estructura del régimen, los firmemente adheridos a la ideología franquista –recuérdese a aquel magistrado del Tribunal Supremo que, todavía en activo en los años 80, decían haber servido “incluso con entusiasmo” a la única política que había en España durante la dictadura- y estaban, en fin, los que se habían limitado, amparados en el falso tópico de la neutralidad, a aceptar pasivamente la situación sin cuestionarla y mirando para otro lado cuando las injusticias y arbitrariedades del régimen se hacían demasiado visibles”. Y, continuaba así, con motivo del generalizado rechazo por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra franquistas:”: “El recurso de revisión, como sabe cualquier jurista, es un remedio procesal por el que se puede declarar la nulidad de una sentencia firme en determinados casos, uno de los cuales es que sobrevenga en conocimiento de nuevos hechos de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado. Desde 1989, cónyuges y descendientes de personas condenadas a muerte y ejecutadas en virtud de sentencias dictadas por consejos de guerra celebrados desde la sublevación de 17 de julio de 1936, promovieron recursos de revisión con objeto de rehabilitar la memoria de los difuntos. Tales recursos recibieron sistemáticamente una respuesta negativa de la sala 5ª de lo Militar, del Tribunal Supremo, con el argumento constante de que las sentencias recurridas habían sido dictadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico entonces vigente, sin tener en cuenta que dicho ordenamiento carecía de toda legitimidad tanto en la parte material como procesal, por tener su origen en una rebelión contra un gobierno –el de la 2ª República- legitimado por la constitución y las urnas. Ciertamente, no faltaron junto a estas resoluciones votos particulares discrepantes que sostuvieron la procedencia de declarar la nulidad de las sentencias recurridas porque, como se decía en uno de ellos, “en un Estado justo, siempre inacabado, no tienen cabida las condenas pronunciadas sin un juicio justo. A tal Estado de Derecho han de resultarle intolerable la presencia de condenas pronunciadas abiertamente contra la Justicia”. La declaración contenida en el artículo 3º de la ley 52/2007 de la memoria histórica, a cuyo tenor, son ilegítimas, por vicios de forma y fondo, entre otras sanciones y condenas, las dictadas por el consejo de guerra del franquismo, ofreció seguramente un apoyo para que la Sala 5ª estimara los recursos de revisión anulando formalmente las sentencias y declarando consiguientemente la inocencia de los condenados. No lo ha hecho así y ha continuado, de acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal, rechazando los recursos fundándose en que aquellas sentencias, por ilegítimas, deben ser consideradas inexistentes. Interpretación que ha servido para no admitir a trámite, entre otros, los recursos interpuestos por la nieta de Miguel Hernández y la Generalitat de Cataluña en nombre del President Companys”.
Pero, ya con anterioridad, como Presidente de la Sala de lo Militar del TS, se había expresado en este sentido. Siempre quedará, como ejemplo de independencia y ruptura con el régimen dictatorial, el voto particular, fundado y valiente, que Pepe emitió, en Enero de 1990, a favor de la anulación de la condena a muerte de Julián Grimau, que, obviamente, resumimos: “Ante un hecho tan estremecedor para la conciencia jurídica, parece evidente que la justicia demanda de nosotros digamos, al menos, una palabra serena de reparación: la que consiste en reconocer, desde esta suprema instancia judicial, que aquella muerte, anunciada en su día públicamente como cumplimiento de una sentencia, no fue, en verdad, el triste pero legal desenlace de un proceso sino un acto despojado de todo respaldo jurídico, un hecho máximamente reprobable por su absoluta contradicción con el Derecho”.
La memoria humana y jurídica de Pepe quedaría incompleta si no trajéramos hoy aquí las grandes reflexiones que expresó, ya jubilado, en el Prólogo a la obra de Beccaria “De los delitos y de las penas” publicado en 2008. Para Pepe, esta obra no es una “curiosidad histórica” sino la “primera reflexión sobre los problemas básicos de la Administración de Justicia penal”. Y, la hizo desde “la confianza en el hombre cuando se encuentra iluminado por la razón y la ciencia”, a través de un libro que, según Pepe, “conserva integra su frescura”.
La justicia penal, que implica el castigo y la pena, destaca Pepe, siguiendo a Beccaria y Montesquieu, debe sustentarse en la idea de que “es tiránica toda pena que no deriva de su absoluta necesidad”. Desde estos principios, Pepe va penetrando en la obra en sus diversas facetas. La interpretación judicial de ley desde dos referencias básicas: “el cambio de legitimidad y valores que supuso la entrada en vigor de la Constitución” y “la realidad social” que “abre la puerta a una jurisprudencia progresiva”.
Recuerda que cinco ideas ya expuestas por Beccaria siguen conservando plena actualidad para el proceso penal: “la utilidad, la prevención, la proporcionalidad, la igualdad y el humanitarismo”.
Varias consecuencias extrae Pepe de estos principios: “la medida de la pena no debe ser la sensibilidad del reo sino el daño público y que éste es tanto mayor cuanto más favorecido está quien lo causa”. Es decir, añado yo, cuando la delincuencia es la de los poderosos.
Otra consecuencia es la lucha contra la crueldad, por “la dulzura de las penas” que decía el ilustrado. Por ello, a juicio de Pepe, Beccaria dedica sus argumentos más apasionados y fundados a combatir la pena de muerte y la tortura –delito, añade Pepe, “unánimemente tenido por repugnante”- pero que lamentablemente sigue presente en los Estados democráticos como lo revela la última Memoria del Fiscal General del Estado.
Después del análisis del proceso y, en particular del “muy alto nivel de exigencia de los jueces en orden a su imparcialidad”, resume y ordena las ideas del autor. Y pone el acento en el horror que representaba la cadena perpetua –hoy, desgraciadamente, a punto de instaurarse volviendo a los tiempos anteriores a la Ilustración- y en la necesidad de la suavización de las penas por, razona Pepe, la necesidad de “limitarlas porque el poder que la impone es limitado y por razones de humanidad porque la crueldad ejercida por el poder genera y aumenta la crueldad de los hombres”.
Para terminar con un llamamiento “a jueces imparciales, capaces de no tomar partido a priori contra los acusados”, a lo que me permito añadir que tampoco a favor en según qué casos. Un juez, para el que tan sustancial como la independencia, es la “imparcialidad”, especialmente en “asuntos de naturaleza política y social”.Así se consigue, así alcanzó un “ejercicio decente” de la profesión judicial. Ahí están sus sentencias y votos particulares en asuntos tan trascendentes como, entre otros muchos, el GAL, General Armada, Tejero o Banesto.
En fin, el pensamiento de José Jiménez Villarejo no se agota, ni mucho menos, en este breve recorrido por el mismo. Su compromiso democrático, humanitario y cristiano quedó reflejado en numerosas publicaciones entre las que destaca El Ciervo. Pero hoy es muy de agradecer a la Unión Progresista de Fiscales que haya ofrecido la oportunidad de hacer presente, reconocer y honrar a quien desde su condición de fiscal y magistrado del Tribunal Supremo ejerció, como jurista y ciudadano, una militancia democrática permanente, como lo expresó durante muchos años como miembro de vuestra, de nuestra organización.
Este breve compendio de su pensamiento, así lo acredita.
Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras fiscales.
Cádiz, 6 de junio de 2014.
Carlos Jiménez Villarejo
