Conclusiones del XXIX Congreso de la Unión Progresista de Fiscales, Cádiz 7 de junio de 2014.
1.-VALORES ASOCIATIVOS.
La UPF, en este momento de desmantelamiento sistemático y programado del estado social y democrático de Derecho, considera que debemos recuperar y poner en valor los principios y valores consagrados en nuestro Estatuto fundacional y, en particular, los expresados en su art.7.3: “promover la satisfacción del interés social y la defensa de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y la protección de los sectores marginados de nuestra sociedad”, que enlazan con los valores superiores del ordenamiento jurídico de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
Entendemos que estos fines, que los compañeros y compañeras que fundaron nuestra asociación plasmaron en nuestros Estatutos asociativos y por los que lucharon con valentía y decisión en épocas tanto o más difíciles que la actual, adquieren hoy plena vigencia y exigen de los miembros de nuestra asociación una apuesta decidida, contundente e incluso arriesgada en defensa de los mismos. Y ello para conseguir que la defensa del interés social y de los derechos ciudadanos, en especial de los más desprotegidos, no queden en papel mojado por el deterioro que también de manera progresiva esta sufriendo el servicio público de la Administración de Justicia como consecuencia de la política del actual ejecutivo.
2.- CONCLUSION SOBRE DESIGUALDAD.
La Unión Progresista de Fiscales quiere denunciar el insoportable aumento de la desigualdad en el reparto de las riquezas que ha habido en nuestro país en los últimos años. España tiene la mayor brecha entre ricos y pobres de toda la Unión Europa.
Actualmente hemos llegado a alcanzar una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 27,3% (según el INE ,mes de mayo de 2014), afectando en un 31,9 % a los menores de 16 años.
En este contexto de empobrecimiento creciente ni siquiera tener un empleo es garantía de no formar parte de esta enorme bolsa de exclusión, ya que hay muchos trabajadores que viven en el umbral de la pobreza a pesar de tener un empleo y un salario, siendo esta cifra cercana al 12% de los trabajadores.
Estos números, que se traducen en casi 13 millones de personas en riesgo de pobreza solo en nuestro país, bien pudieran terminar siendo incompatibles con una organización social en paz como la que hasta ahora conocemos. En la medida en la que esta situación no revierta, es más que posible que se vaya conformando un caldo de cultivo para la violencia y el odio contra el que no podrá ni la represión policial ni el código penal. La paz solo camina de la mano de sistemas económicos y sociales justos.
3.- CONCLUSION SOBRE MIGRACIÓN.
La Unión Progresista de Fiscales vuelve, incansablemente, sus ojos al colectivo migratorio para solicitar, en primer lugar, una política europea y española que en materia de migración y refugio responda, sobre todo, a razones humanitarias, y no solo, como hasta ahora, a razones de seguridad.
También manifestamos nuestro absoluto rechazo al sistema de concertinas que refuerza las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos y que pone en grave peligro la vida y la integridad de las personas migrantes y que representan signo inequívoco de insensibilidad hacia las mayores formas de sufrimiento que padecen las personas que inician esos difíciles procesos migratorios.
Denunciamos las teorías imaginativas sobre el funcionamiento de nuestro sistema de fronteras, que están sirviendo de base para eludir los procedimientos legalmente establecidos y para facilitar las «entregas en caliente» en las zonas de frontera, lo cual ha sido denunciado, insistentemente, por la Defensora del Pueblo.
Desde esta ciudad, Cádiz, frontera natural del sur de España y Europa, la UPF insiste en la búsqueda de un cambio para que los flujos migratorios que entran y salen de nuestro país huyendo del paro, los desahucios, la violencia, el hambre, la sed, la guerra… puedan conducirse por caminos más humanos.
4.- CONCLUSION SOBRE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Y ENFERMEDAD MENTAL.
La UPF considera que la propuesta de reforma de Código Penal presentada por el Gobierno supone un evidente paso atrás que atenta directamente contra los derechos fundamentales de las personas aquejadas de una enfermedad mental.
Así, asocia reiteradamente la enfermedad mental con el inconsistente concepto de peligrosidad. Ningún estudio científico avala la asociación del concepto subjetivo de peligrosidad con las personas con enfermedad mental, ni existen procedimientos que permitan prever de antemano la comisión de un hecho delictivo por una persona afectada por un problema de salud mental, por lo que crear un trato diferenciado de los enfermos mentales con fundamento en dicha asociación supone una decisión basada en prejuicios que carece de motivación alguna.
Realizar ese trato diferenciado e injustificado vulnera la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España y de obligado cumplimiento desde el 3 de mayo de 2008, ya que discrimina clara y sistemáticamente a las personas con trastorno mental por razón de su diagnóstico.
Al introducir de nuevo, volviendo al régimen anterior a 1995, las medidas de seguridad prorrogables sin límite de plazos, se abre la posibilidad de que una persona con problemas de salud mental que haya cometido un delito, independientemente de la gravedad de éste o de su estado de salud, pueda ser internada de manera indefinida a través de la figura de las medidas de seguridad prorrogables, sin establecerse un límite.
Lo proyectado impondrá al sistema judicial la obligación de predecir el riesgo imaginario de futuros delitos, privando de libertad a un ciudadano por la mera suposición de que pueda cometer un delito en el futuro por su diagnóstico, lo que atenta contra los derechos humanos y es claramente inconstitucional.
Por todo ello, consideramos que esta reforma es, en esta materia, innecesaria, injusta, contraproducente y contraria a los principios constitucionales e internacionales.
5.- CONCLUSIÓN SOBRE EL ABORTO:
La Unión Progresista de Fiscales manifiesta su frontal oposición al anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer por considerarla un ataque directo a la dignidad de la mujer, haciéndonos regresar a épocas pasadas en las que se consideraba que las mujeres no eran capaces de tomar sus propias decisiones por entender que eran seres necesitados de tutela. Al mismo tiempo nos aleja de las legislaciones de la mayoría de los países de nuestro entorno.
Para ello, se proporcionan datos sesgados que, en realidad, tratan de esconder una justificación moralista, religiosa y patriarcal, que se pretende imponer a toda la sociedad y que, en modo alguno, se corresponden a una necesidad de modificación de la legislación vigente.
Bajo la excusa de «proteger» a la mujer, se le niega amparo a sus derechos fundamentales -vida, salud y libre desarrollo de la personalidad-.
Los supuestos legales que regula son claramente insuficientes y van a dejar sin respuesta a aquellas mujeres que quieren ejercer su libre opción frente a la maternidad. Y para aquellos supuestos, muy escasos, que quedaran dentro de la legalidad, se exigen requisitos disuasorios que entorpecen innecesariamente la libre y legítima opción de la mujer.
Especial mención merece el aborto de las mujeres menores de edad, supuesto en el que puede llegar a imponerse a una menor la obligatoriedad de una maternidad no deseada con el argumento de la inmadurez de su consentimiento. Sostener que una menor es inmadura para consentir el aborto y al mismo tiempo considerar que es madura para afrontar la maternidad supone un acto de cinismo inasumible.
Por último, queremos denunciar la judicialización de la interrupción voluntaria del embarazo que supone hacer recaer en Fiscales, Jueces y Forenses la responsabilidad de imponer a las mujeres una maternidad no deseada.
6.- CONCLUSION SOBRE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL.
En materia de cooperación internacional se está produciendo un ataque sistemático por parte del Ministerio de Justicia a la autonomía funcional y competencia del Ministerio Fiscal, con la cómplice pasividad del Fiscal General del Estado. Ejemplos de esta actitud manifiesta y que la UPF quiere denunciar son los siguientes:
-La política obsoleta e intervencionista del Ministerio de Justicia en el control de las Comisiones Rogatorias en el ámbito penal y su intromisión en las investigaciones judiciales en contra del marco legal internacional que reconoce a los miembros del Ministerio Público capacidad para ser sujeto en el auxilio judicial internacional.
-La actitud obstruccionista con la participación de los Fiscales en la dirección de los Equipos Conjuntos de Investigación.
-La falta de respeto institucional en la designación de los cargos en los organismos internacionales dedicados a la cooperación judicial internacional, como EUROJUST, magistrados de enlace y otros.
-Los proyectos de reforma de la Ley de Eurojust que refuerzan el control gubernativo de la cooperación judicial en el ámbito de la Unión Europea.
Por todo ello la UPF ratifica e insiste en la petición de cese del Director General de Cooperación Jurídica Internacional, e insta al Fiscal General para que mantenga una posición más comprometida en defensa de las competencias de los Fiscales.
7.- CONCLUSION SOBRE LA VOZ DE LA CARRERA.
La UPF expresa, una vez más, su preocupación por lo que está ocurriendo en la Fiscalía Provincial de Madrid. Consideramos responsable de lo ocurrido, no solamente al Fiscal Jefe Provincial, sino también a quien le nombró y da cobertura a sus decisiones.
Esta situación pone de manifiesto nuevamente la necesidad de articular un marco normativo que dote a las plantillas en su conjunto de una seguridad jurídica de la que hasta la fecha carecemos e impida situaciones de desamparo como las que ya han sido denunciadas ante el Consejo Fiscal y el propio Fiscal General del Estado.
Entiende la UPF que la elaboración de este nuevo marco normativo debería ser aprovechada para incrementar la participación de la plantilla en la toma de decisiones sobre los aspectos fundamentales del funcionamiento de las Fiscalías.
8.- CONCLUSION SOBRE AUTONOMIA DEL MINISTERIO FISCAL
La UPF manifiesta su preocupación y alarma por la situación creada a raíz de las recientes resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en las que se sostiene que las Instrucciones dictadas por el Fiscal General del Estado son recurribles en vía administrativa ante el Ministro de Justicia.
La UPF considera que esa insólita interpretación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal atenta gravemente contra el principio constitucional de autonomía del Ministerio Fiscal y quiebra por la base cualquier posible garantía institucional de la imparcialidad del Ministerio Público.
En consecuencia, exigimos al Fiscal General del Estado la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la defensa efectiva de dichos principios frente a cualquier actuación del Ministerio que, al amparo de las citadas resoluciones judiciales, pudiera ponerlos en cuestión.
9.- CONCLUSION SOBRE LA REFORMA PROCESAL.
La UPF lamenta profundamente la improvisación y la falta de voluntad de los últimos legisladores para adaptar el modelo procesal penal español a las realidades y necesidades del siglo XXI, la última de las asignaturas pendientes de nuestra democracia.
En consecuencia, la UPF demanda un proyecto serio y definitivo que verdaderamente aborde los problemas estructurales del proceso penal español, atribuyendo al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal y acabando, así, con la figura inquisitiva del juez de instrucción.
Por esta razón, rechazamos los dos textos hasta ahora propuestos desde el Ministerio de Justicia. Ni el borrador del Código Procesal Penal -que establecía una investigación tutelada-, ni el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial –que regresa al sistema de instrucción judicial- acometen el cambio de modelo que la administración de justicia necesita.
10.- CONCLUSION SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA CARRERA FISCAL.
La actual situación de la Carrera Fiscal, el camino recorrido durante estos años y las perspectivas de futuro reflejan, sin duda alguna, que el diagnóstico genérico que desde el Ministerio de Justicia se hace sobre nuestra institución es absolutamente erróneo y cargado de prejuicios negativos hacia el desempeño de nuestra labor como Fiscales, así como del funcionamiento regular de las Fiscalías.
El conocimiento de los nuevos proyectos legislativos destinados a regular el papel del Fiscal en las futuras reformas procesales no hacen sino perpetuar errores conceptuales sobre la naturaleza de nuestra función y mantener la desconfianza institucional hacia la figura del Fiscal como defensor de la legalidad.
Nuestro trabajo se sostiene gracias a un impagable esfuerzo personal y de organización colectiva, al que los actuales recortes y el aumento de las cargas de trabajo llevan indefectiblemente a la precarización del modelo existente.
Frente a ello, es preciso reaccionar. Nosotros lo hemos hecho, como lo han hecho o lo vienen haciendo el resto de los colectivos implicados en lo que llamamos el servicio público de la administración de justicia. Pero nosotros somos una institución perfectamente definida y estructurada, al frente de la cual está el Fiscal General, a quien pedimos que encabece la defensa de nuestros intereses y, en definitiva, los intereses de nuestra institución.
No está sucediendo así y lo lamentamos. Exigimos un Fiscal General comprometido y beligerante, capaz de oponerse a aquellas decisiones del poder ejecutivo que perjudiquen a la carrera fiscal, de liderar las demandas de los fiscales y de la institución. Nos gustaría que el máximo responsable de la carrera hiciera valer su relevancia constitucional para defender en estos momentos y, sobre todo, de cara al futuro, a la Carrera Fiscal.
Si el FGE decide dar un paso adelante en ese sentido, tendrá incondicionalmente nuestro apoyo. Mientras no lo haga, tendrá nuestra más severa crítica y además deberá asumir su responsabilidad .
En Cádiz a 7 de junio de 2014.
Unión Progresista de Fiscales.