La Unión Progresista de Fiscales muestra su indignación ante la noticia conocida en el día de hoy de que más de 400 personas (incluidas niñas y niños) han quedado fuera del sistema de protección para migrantes, al negarse la Junta de Andalucía a realizarles la prueba PCR necesaria para dotarles del amparo y la acogida legalmente establecido.
La negativa de la Junta de Andalucía a realizar estas pruebas supone una incomprensible dejación de su obligación y coloca a las personas migrantes en una situación de absoluta vulnerabilidad, poniendo en riesgo la salud y contribuyendo a la estigmatización de este colectivo.
Tristemente, esta acción, sirve para alimentar las prácticas discursivas que dibujan un imaginario colectivo excluyente y de rechazo hacía las personas migrantes, lo que supone una de las causas principales de racismo en nuestro país.
Recordamos que, como recoge el artículo 10.1 de la Constitución Española, el reconocimiento a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento de nuestro orden político y nuestra paz social.
El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales
Madrid a 18 de Agosto de 2020
