El Consejo de Administración de MEDEL, reunido en Bucarest el 21 de junio de 2008, habiendo tenido conocimiento de los proyectos de ley en trámite parlamentario en Italia con la finalidad de:
1. Limitar considerablemente la facultad de ordenar escuchas telefónicas en el marco legal de una investigación penal;
2. Introducir sanciones graves a los periodistas que publiquen informaciones relativas a una investigación penal;
3. Suspensión de los procesos penales referidos a todos los delitos cometidos hasta el 30 de junio de 2002, con excepción de aquellos castigados con penas iguales o superiores a diez años de prisión; lo cual supondría la suspensión, en particular, de los procedimientos referidos a los sucesos ocurridos durante la reunión del G8 en Génova, así como el proceso de Milán sobre una presunta trama de corrupción en la que está implicado el actual primer ministro;
4. Suspensión de todos los procesos penales e investigaciones en curso contra los cuatro titulares de las más altas instancias del Estado (Presidente de la República, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado y el Primer Ministro) durante su mandato;
EXPONE LAS OBSERVACIONES SIGUIENTES:
1) MEDEL es consciente de la necesidad de proteger el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de las personas implicadas en una investigación penal, y en consecuencia está convencida de los abusos de poder de las autoridades públicas o de los medios de comunicación, permitiendo la publicación ilícita de documentos obtenidos durante una investigación deben ser sancionados;
Sin embargo, la respuesta al problema no puede basarse en una limitación drástica de los poderes de investigación de los jueces, más aun al ser reforzados, en las democracias occidentales, los poderes de la policía y de los servicios de inteligencia a fin de obtener y utilizar unas informaciones obtenidas fuera de todo control judicial;
Asimismo, debemos recalcar que la exclusión de toda información pública sobre las investigaciones penales afecta al necesario control democrático sobre el ejercicio del poder judicial y el derecho del público a ser informado rápidamente de los hechos importantes concernientes a la vida pública y los actores de la vida política, de las finanzas, de la gestión pública y de las instituciones del Estado;
Recordamos la recomendación REC (2003) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa que destaca «la importancia de los reportajes realizados por los medios de comunicación sobre los procedimientos penales para informar al público, haciendo visible la función disuasoria del derecho penal así como garantizando el control público del funcionamiento del sistema judicial penal»;
En palabras de la propia recomendación, «el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información tal y como está garantizada en el artículo 10 del Convenio para la salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática»;
Este derecho puede estar limitado en consideración al respeto de otros derechos fundamentales, pero no puede ser suprimido.
2) Las dos propuestas sobre la suspensión de los procesos y las investigaciones penales tendrían como consecuencia excluir de cualquier control judicial unos hechos graves cometidos por agentes públicos en el ejercicio de sus funciones.
MEDEL respeta plenamente las prerrogativas del gobierno y del poder legislativo en lo que afecta a la Administración de Justicia.
No obstante, la asociación está profundamente preocupada por iniciativas legislativas que tendrían como resultado afectar al principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley por una limitación exagerada de la responsabilidad de los titulares de los cargos públicos.
Una aplicación correcta del principio de separación de poderes implica que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no interfieran en el ejercicio legal de las prerrogativas de cada uno.
3) Condenamos firmemente estas políticas por las cuales Italia corre el riesgo de romper romper con los valores fundamentales de las democracias europeas así como afectar a la cooperación judicial basada en la confianza mutua. Seguiremos vigilando con gran
atención la evolución de la situación italiana.
En Bucarest, el 21 de junio de 2008
El Presidente,
Vito Monetti
Esta declaratión ha sido aprobada por unanimidad por los jueces y fiscales representantes de las asociaciones miembros de MEDEL:
• Neue Richtervereinigung (NRV) (Alemania)
• Bundesfachausschuss Richter und Staatsanwälte in Vereinigten Dienstleistunggewerkschaft (VER.DI)
(Alemania)
• Association Syndicale des Magistrats (ASM) (Bélgica)
• Association des juges chypriotes (Chipre)
• Jueces para la democracia (JpD) (España)
• Union progresista de Fiscales (UpF) (España)
• Syndicat de la Magistrature (SM) (Francia)
• Eteria Elinon Dikastikon Litourgon Gia ti Demokratia ke tis Elefteries (Grecia)
• Magistratura democratica (Md) (Italia)
• Movimento per la Giustizia (Italia)
• IUSTITIA (Polonia)
• Association de Fiscales de Polonia (Polonia)
• Associaçao syndical dos Juizes Portugueses (ASJP) (Portugal)
• Sindicato dos Magistrados do Ministério Publico (SMMP) (Portugal)
• Soudconvska Ceské Republiky, Unie statnich zastupcu Ceske republiky (República Checa)
• Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (Rumanía)
• Društvo sudija Srbije (Serbia)
Vito Monetti
Procura generale presso la
Corte suprema di cassazione
Piazza Cavour
00193 Roma
00390668832383
