LA LEGISLATURA DE LA JUSTICIA.
Que la justicia como servicio público ya no admite más paños calientes es una realidad incontestable. La pendencia de asuntos en los tribunales alcanza cifras intolerables. «El 72% de los españoles piensa que la Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda hay que evitar acudir a ella» (Los españoles y la Justicia. CGPJ. mayo 2021). Esta es una realidad para cuya constatación no hacen falta encuestas, particularmente para quienes trabajamos en ella. La Administración de Justicia es ineficaz e ineficiente. El modelo no soporta más parches porque el problema es el propio modelo, apoyado en estructuras propias de épocas pasadas y absolutamente inadecuado para la realidad social de la España del Siglo XXI.
En abril de 2009 el Consejo de Ministros constituyó una Comisión Institucional con el cometido de determinar y proponer los elementos esenciales para la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. De dicha Comisión formaban parte personalidades tan relevantes como Silvia Barona Villar, Landelino Lavilla, José Luis Bueren, Fernando Ledesma y Juan Antonio Xiol Ríos. Trece años después, resulta descorazonador comprobar como el diagnóstico sigue siendo el mismo, si bien agravado por el tiempo transcurrido y la falta de puesta en práctica de ninguna de las recomendaciones que surgió de tal iniciativa. Dichas recomendaciones fueron las siguientes:
1. Superación del partido judicial como base del modelo.
2. Extensión de la organización colegiada.
3. Creación de tribunales de base o de primer grado.
4. Creación de tribunales de instancia.
5. Atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal.
A estas deficiencias, intrínsecas al modelo jurisdiccional existente y que determinan su ineficacia, se añaden las propias de la insuficiencia de medios personales y materiales. Las plantillas de jueces, fiscales y personal auxiliar son claramente insuficientes.
La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia señaló en 2022 que el número de jueces y fiscales en España se encuentra claramente por debajo de la media de los sistemas judiciales europeos. Ello se traduce en ratios de carga de trabajo muy superiores a las convenientes. Recientemente, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado en sentencia que el CGPJ ha incumplido su obligación en materia de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial al regular la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral (STS Pleno Sala Social nº 581/2023). Del mismo modo, en paralelo, podemos entender excesivas las cargas de trabajo de fiscales y personal auxiliar. Los conflictos de los distintos sectores implicados en la administración de justicia con el órgano ministerial del verano pasado son buena muestra del malestar que las deficiencias del actual modelo provoca.
La apuesta por las nuevas tecnologías avanza lentamente y de forma dispar en los distintos territorios de nuestro país, con sistemas informáticos no siempre eficaces y a veces incompatibles entre sí, dificultando notablemente la interconexión propia de la época en la que vivimos.
Toda esta situación afecta, no solo a los sectores profesionales implicados en la prestación del servicio público sino, sobre todo, al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Una sociedad democrática avanzada requiere una Administración de Justicia moderna y eficaz. Se hace absolutamente imprescindible la definición de un modelo de justicia adaptada a las necesidades presentes y futuras.
Es por todo ello por lo que solicitamos del próximo Gobierno que fije como una de las prioridades en sus políticas la de encarar la próxima legislatura como la «Legislatura de la Justicia», mediante el desarrollo de un modelo de Justicia que dé solución a las graves deficiencias que plantea el modelo actual, acompañado de la realización de las inversiones que para ello sean necesarias.
AUTONOMIA PRESUPUESTARIA
La Unión Progresista de Fiscales solicita que se dote a la Fiscalía General del Estado de autonomía presupuestaria con presupuesto propio y que el Centro de Estudios Jurídicos para la formación de fiscales dependa directamente de la Fiscalía General del Estado respetando su consideración de organismo autónomo.
CONCLUSIÓN SOBRE EL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE
Desde la UPF exigimos que por parte del Ministerio de Justicia se proceda a cumplir lo establecido en el artículo 9.3 de la ley 15/2003 del régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal, y se conceda para el sistema de retribuciones variables el 5 por ciento de las retribuciones fijas.
Desde la UPF creemos que el actual sistema de retribución variable debe ser cambiado ya que el mismo no gratifica, el trabajo realmente realizado, sino que el mismo prima de manera absolutamente injusta, la antigüedad y la retribución de los fiscales en su puesto de trabajo.
Es por ello que, desde la UPF en noviembre de 2020, presentamos una propuesta de modificación del actual sistema, que tenía como pilar básico, que la cuantía del complemento variable sea el mismo para todos y cada una de los y las fiscales, que obtengan la puntuación establecida para su cobrO, con independencia de su retribución anual bruta.
Para ellos solicitamos que desde la Fiscalía General del Estado dicte una Instrucción dirigida a los fiscales jefes o la Inspección Fiscal para que distribuyan la cantidad asignada de forma que todos los fiscales con derecho a cobrar la retribución variable perciban la misma cantidad dentro de cada ámbito territorial respectivo.
SOBRE LA VIOLENCIA MACHISTA
La Unión Progresista de Fiscales condena la violencia machista que tantas muertes y sufrimiento está ocasionando a las mujeres en nuestro país, así como el negacionismo de esta violencia como elemento que alimenta, contribuye y pone en peligro la vida de las mujeres.
MEMORIA DEMOCRATICA
En la celebración de nuestro congreso se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que supone un avance en el desarrollo de nuestra dignidad democrática y que otorga al Ministerio Fiscal, en el marco de su misión constitucional, un papel protagonista en defensa de los DDHH. La UPF reafirma su compromiso con la defensa efectiva de la dignidad humana y de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que son pilares el Derecho Internacional.
SAHARA OCCIDENTAL
La Unión Progresista de Fiscales lamenta el cambio de rumbo en la política internacional que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado en relación al inacabado proceso de descolonización del Sáhara Occidental.
Consideramos que su respaldo a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental dentro de Marruecos -que lleva proponiendo este Reino desde el año 2007-, incumple flagrantemente, entre otros, el Plan de Paz de 1991 que el propio Marruecos firmó con el Frente Polisario, luego aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ante este nuevo escenario, la Unión Progresista de Fiscales acordó desplazar una delegación de fiscales y juristas a los campamentos de refugiados saharauis, en los aledaños de la ciudad argelina de Tinduf, entre los días 2 y 9 de abril de este año 2023. El viaje nos ha servido para vivir una experiencia de integración con los saharauis y como lugar de encuentro para profundizar en el estudio y análisis jurídico de la situación actual del Pueblo del Sáhara Occidental y la legalidad vigente.
España sigue siendo la potencia colonial del Sáhara Occidental. Como tal, y con base en los arts. 73 y 74 de la Carta de la ONU, el Gobierno de España tiene como deber inexcusable la defensa del autogobierno saharaui y carece del derecho a alinearse con las tesis anexionistas de Marruecos. España no puede defender la autonomía del Sáhara Occidental dentro del Estado marroquí. El Sáhara Occidental es un caso de descolonización inacabada, por lo que permanece incólume el derecho de la población autóctona a pronunciarse sobre su destino, que debe inexorablemente incluir la opción de la independencia
PALESTINA-ISRAEL
Ante las graves vulneraciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, la UPF reclama una investigación internacional neutral e independiente e insta la activación del mecanismo previsto en el articulo 7 de la LO 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional que implica la solicitud para iniciar una investigación de oficio por el Fiscal de la Corte.
DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE
Desde Canarias interpelados por la situación actual la UPF, exige que las autoridades internacionales, europeas y nacionales se impliquen en la defensa de los derechos de la población migrante con especial consideración a menores y personas de especial vulnerabilidad.
Consideramos imprescindible una nueva regulación del derecho de asilo y protección internacional que abarque, de forma específica, todas las nuevas circunstancias que están detrás de los movimientos migratorios (crisis climática, aparheit de género…) merecedoras de esos derechos.
También exigimos que se garantice el acceso a las personas migrantes a los procedimientos de solicitud de protección internacional tanto en territorio español como en los puestos fronterizos, espacios de frontera, así como en los consulados y embajadas (a través del desarrollo del artículo 38 de la Ley de Asilo) con una adecuada dotación de presupuestos económicos, materiales y personales.
También exigimos que los mecanismos e instrumentos de control de fronteras sean respetuosos con los derechos humanos, tanto en las operaciones propias de España como en las relacionadas con los acuerdos con terceros países para el control de nuestras fronteras, acuerdos bilaterales de devolución y la financiación a terceros países para el control de fronteras.
