DERECHOS HUMANOS-GAZA
No corren buenos tiempos para los derechos humanos. Si llegando el año 2000 a cualquiera de nosotros se nos hubiese preguntando, seguro que no habría sido capaz de imaginar siquiera el actual panorama de destrucción y vulneración sistemática del sistema de protección de los derechos humanos (DDHH) largamente construido. Y es que, si la segunda mitad del Siglo XX fue la de la redacción, promoción y defensa de los DDHH y el avance lento, aunque progresivo, en su protección, el Siglo XXI y en particular esta segunda década venimos asistiendo como espectadores horrorizados e impotentes a la destrucción sistemática de todo el sistema de protección de los más básicos derechos de las personas.
La guerra de Israel contra Palestina y ahora también Líbano, con peligro evidente de extenderse a Irán, Siria, Yemen y, en definitiva, todo el Oriente Próximo, de la cual fue el detonante, o quizás la excusa, los terribles atentados del 7 de octubre de 2023, nos muestra día a día hasta qué punto un Estado puede llegar a ser más cruel y vengativo en su afán expansionista que las organizaciones a las que combate, dejando en papel mojado todo el Derecho Internacional Humanitario ante la impasividad de la comunidad internacional, cuando no con el apoyo expreso, económico y material de algunos países, fundamentalmente de EEUU.
Desde nuestro congreso de 2023 la situación lejos de evolucionar hacia una solución, ha empeorado notablemente, siendo noticia diaria el bombardeo despiadado de hospitales, escuelas, campos de refugiados, población civil, ataques a medios de información, cooperantes e incluso a los propios cascos azules de la ONU. El número de víctimas, la mayoría de ellos niños y niñas, es tan escandaloso que avergüenza.
Pero, siendo el más llamativo, no es el único conflicto en el que los DDHH son diariamente ignorados. Convivimos con hasta 56 conflictos activos, con 92 países involucrados en guerras fuera de sus fronteras, la mayor cantidad desde la segunda guerra mundial.
Por todo ello, sin perjuicio de lo que se dirá en los apartados siguientes:
- Reiteramos la necesidad de activación del mecanismo previsto en el artículo 7 de la LO 18/2003, de 10 de noviembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
- Exigimos del Gobierno español que inste ante las instancias internacionales el bloqueo de todo comercio de armas con Israel y la adopción de medidas encaminadas al inmediato alto el fuego en la zona de Oriente próximo.
- Reclamamos del Gobierno español el embargo formal inmediato y total relativo a la compra y venta de armas a Israel hasta que cese su continuado genocidio y crímenes de guerra contra la población civil palestina y libanesa.
DERECHOS HUMANOS. SOBRE EL SAHARA
1) Las recientes Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE (en adelante TJUE) relativas a los acuerdos comerciales y de pesca UE-Marruecos reconocen y confirman, en consonancia con la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1975, que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo sujeto a descolonización, que no está sometido a la soberanía de Marruecos.
2) Por tanto, consideramos que, a efectos prácticos, el Frente Polisario es el único interlocutor válido para expresar el necesario consentimiento del pueblo saharaui en relación con la gestión de sus recursos, hasta la descolonización definitiva del SO.
3) Estas sentencias implican dejar vacía de contenido y por tanto nula para sus fines pretendidos, la iniciativa marroquí de abril del 2007, en la medida que la misma se sustenta como pilar básico en el sometimiento del SO bajo la soberanía marroquí, de la que se pretendía “ceder” un estatuto de autonomía al pueblo saharaui. Esta iniciativa de autonomía del SO bajo soberanía marroquí deviene nula y ya no puede ser una alternativa válida a la vía de la autodeterminación, mediante el ya acordado referéndum de independencia.
4) Declarados nulos los acuerdos impugnados UE-Marruecos, comercial y de pesca, por carencia de interlocutor válido que exprese el consentimiento del pueblo saharaui, como soberano para la explotación de sus recursos, la conclusión obvia es que la única solución “seria, realista y creíble” y, tras estas sentencias, legítima, es la vía de la autodeterminación, mediante el ya acordado referéndum de independencia, como reconocen más de 30 resoluciones de la ONU, incluidas las del Consejo de Seguridad de 1990 y 1991.
5) Esto conlleva la necesidad de que el Gobierno de España y las instituciones de la UE rompan las relaciones comerciales con el Reino de Marruecos que estén basadas en la explotación de los recursos naturales del SO. Instamos al Gobierno español a que asuma su condición de potencia administradora, y por tanto protectora del pueblo saharaui, garantice su seguridad durante el proceso de autodeterminación, retome el diálogo con el Frente Polisario en cuanto legítimo representante del mismo, y adopte su posición de valedor del proceso como lo hizo Portugal con la independencia de Timor Oriental, así como exija a Marruecos el cumplimento del Plan de Arreglo de 1988, firmado por el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, aprobado definitivamente por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991, en cuanto a su desarrollo, incluido el alto el fuego y la celebración inmediata del referéndum de independencia, acuerdo éste incumplido groseramente por el propio Reino de Marruecos, pese a haberlo firmado, y por el propio Consejo de Seguridad, pese a haberlo sancionado. En definitiva, que se avance en el proceso de autodeterminación del SO que lleva bloqueado más de 30 años, todo ello según exigen las resoluciones de la ONU.
DERECHOS HUMANOS. PROPUESTA RESOLUCIÓN RACISMO Y XENOFOBIA
La UPF muestra su profunda preocupación por la proliferación en Europa, y en particular en España, de discursos políticos populistas de naturaleza racista y xenófoba que deliberadamente señalan a las personas migrantes y dentro de ellas a su sector más vulnerable y frágil como son los menores sin referentes familiares, fomentando su exclusión social y propagando de forma maliciosa noticias falsas o tendenciosas con el fin de denigrarlos, asociándoles de forma generalizada con delincuencia o terrorismo, contribuyendo de esta forma a despertar entre la población prejuicios y estereotipos contra los mismos para generar sentimientos de rechazo y hostilidad social poniendo en grave riesgo su seguridad y el libre ejercicio de sus derechos.
LA UPF condena este tipo de mensajes que anhelan destruir la convivencia, la pluralidad y diversidad de la ciudadanía, convertir la libertad en miedo, y la cohesión social en fractura. Suponen un ataque directo al Derecho Internacional y a principios constitucionales de primer orden como la igualdad (art. 1 CE) y la dignidad de las personas (art. 10.2 CE) y a derechos fundamentales como la prohibición absoluta de discriminación (art. 14 CE), en definitiva, socavan los valores superiores que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de derecho y una seria amenaza para la paz pública.
Exigimos de los partidos políticos en España un pacto de Estado que permita desterrar del debate político este tipo de discursos y afrontar el reto migratorio con políticas solidarias para la integración de los migrantes. Acoger al que viene de fuera buscando una vida mejor no es sólo un deber humanitario al que nos obliga el derecho internacional, sino también un paso esencial para garantizar la prosperidad y la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar.
Asimismo, rechazamos enérgicamente las deportaciones de personas migrantes y su confinamiento en centros de internamiento fuera del territorio de la Unión Europea practicadas por Italia y que cuentan con la simpatía de la Comisión Europea y de otros Estados de la Unión con clara vulneración de sus derechos conforme a la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea.
MEMORIA DEMOCRÁTICA
LA MEMORIA DEMOCRÁTICA ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Tras dos años de vigencia de la Ley de Memoria Democrática, la UPF quiere poner en valor el papel protagonista que ha asumido la Fiscalía en garantía de los derechos de las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas con motivo del golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista y sus familiares, defendiendo ante los tribunales el derecho a la verdad y la obligación de investigar que, desde espacios de justicia, impone la norma legal.
Queremos recordar que la memoria democrática es una cuestión de derechos humanos y constituye una manifestación de los mismos, tal y como reconoce el derecho internacional. Por ello, es preciso impulsar una interpretación del derecho integradora de los Convenios y Tratados de Derechos Humanos suscritos por España.
Exigimos que las víctimas queden preservadas de la contienda política y reclamamos a todos los poderes públicos que, en el marco de sus respectivas competencias, continúen impulsando el desarrollo de las distintas actuaciones previstas en la Ley de Memoria Democrática y que adopten todas aquellas medidas que, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, hagan efectivos los principios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
CONTRA EL NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo del 20 aniversario de la publicación de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género, la UPF quiere reconocer, de nuevo, la importancia de este instrumento normativo que nos ha puesto en vanguardia a nivel mundial en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo. Una violencia que es innegable, indiscutible e incontestable, como se desprende del examen de los datos que se vienen publicando desde su entrada en vigor.
Desde el año 2005 se han presentado más de 2.600.000 de denuncias por violencia de género en el ámbito de la pareja; desde el año 2003 a la actualidad han sido asesinadas a 1281 mujeres; desde el año 2013 han sido asesinados 63 niñas y niños en contextos de violencia de género (9 de ellos en lo que va de año) y han quedado huérfanos desde esa fecha 458 hijos a hijas menores de edad de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
Las mujeres, además, son las víctimas mayoritarias de la violencia sexual; tal y como se constata en las estadísticas publicadas por el Ministerio de Interior, el 86% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas, y del 14% restante, más del 60 % son niños, varones menores de edad, lo que demuestra que esta violencia es fruto de relaciones de poder determinadas por el orden patriarcal.
Todas estas violencias que afectan mayoritariamente a las mujeres tienen su causa en la discriminación por razón de género; diluir la violencia de género equiparándola a otras violencias sin tener en cuenta el sustrato discriminatorio, supone ignorar la esencia de esta violencia, lo que repercute necesariamente en la adopción de políticas públicas eficaces y efectivas.
El negacionismo de la violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo, nos sitúa ante un riesgo cierto de retroceso pese a los grandes esfuerzos y logros conseguidos; en muchas ocasiones la negación de esta realidad se ha instaurado en las. Además con esta desinformación se coloca las mujeres y a sus hijas e hijos, todos ellos víctimas de esta violencia, en una situación de mayor vulnerabilidad, generando en ellas confusión y desconfianza en las instituciones y, sin duda, se refuerza a los agresores en su posición de dominio y de control.
La UPF ni puede ni quiere permanecer impasible ante estos riesgos por lo que exige la inaplazable renovación de un Pacto de Estado contra la violencia de género que incluya las reformas legales necesarias para que los juzgados de violencia sobre la mujer asuman la competencia en materia de los delitos contra la libertad sexual de la mujer, e interpela a las administraciones estatal y autonómicas, a las plataformas digitales y a la sociedad en su conjunto para que, todos y todas, desde nuestras respectivas responsabilidades, combatamos sin fisuras ese negacionismo y la banalización que supone negar una realidad que sesga vidas, destroza la de las personas más cercanas a las víctimas y genera una daño inasumible para la sociedad democrática.
CONCLUSIONES EN MATERIA DE IGUALDAD
Las mujeres fiscales en estos momentos somos mayoría en la carrera Fiscal. Ésta está siendo una tendencia progresiva que a día de hoy continúa y que se prevé que vaya a más, en la medida que en las últimas promociones de compañeros y compañeras que se han incorporado a la Carrera Fiscal, el 70 % son mujeres.
Siendo ésta una realidad palpable, como así lo ha sido la infrarrepresentación de la mujer en la carrera Fiscal, sobre todo en puestos de representación y de dirección, se han tenido que elaborar planes de igualdad y se han adoptado medidas para impulsar y reflejar esa mayor representación, haciendo efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades.
No obstante, nos encontramos ante una labor que hace necesario que se continúe trabajando en la implementación de una igualdad real y efectiva en la toma de decisiones relativa a las designaciones de puestos y trabajos de responsabilidad; que se impulsen las medidas necesarias que ayuden a remover los obstáculos que dificulten el impulso de las carreras profesionales de las mujeres, así como tener que seguir insistiendo en la necesidad de fomentar un cambio estructural, tanto en la forma de trabajar en equipo como en la de desempeñar la función pública que tenemos asignada.
Reflejo de los avances que en esta materia se han alcanzado en el seno de la Carrera Fiscal, muestra del compromiso por impulsar de manera efectiva el principio de igualdad cumpliendo con los términos de paridad exigidos legalmente, podemos ver la política de nombramientos de la Fiscalía General del Estado. De las últimas memorias de la FGE podemos extraer cómo tan sólo hace cuatro años (en 2019) los términos de paridad exigidos por la ley de igualdad no estaban siendo respetados, en cuanto a que la situación en puestos de dirección, es decir, de jefes y jefas, suponía solamente un 38% de mujeres y un 62% de hombres; situación que era mucho peor en lo que a Fiscales de Sala se refiere, en la medida que solamente el 30% eran mujeres y mientras que el 70% eran hombres.
Siendo ésta la situación hace cuatro años, la memoria de la FGE correspondiente al año 2023 recoge unos datos sociológicos que muestran un cambio de escenario: en lo que respecta a los cuadros directivos, el 45% son mujeres y el 55% hombres ,es decir, que si bien es cierto que no existe una paridad efectiva de al menos del 50 %, sí que entramos ya en términos legales de paridad, reflejando un incremento de 7 puntos en cuatro años; y en cuanto a Fiscales de Sala, el cambio de rumbo es muy significativo porque desde el año pasado, o sea, desde 2022, hay más mujeres que hombres fiscales de sala, y en concreto en 2023, el 54% son mujeres y el 46% de hombres, es decir, se ha incrementado en 24 puntos la paridad en cuanto a Fiscales de Sala se refiere.
Los datos anteriores son motivo de congratulación para todos y todas, pues reflejan que si hay voluntad se puede acabar con el denominado “techo de cristal” que en muchas ocasiones ha lastrado y sigue lastrando la carrera profesional de muchas mujeres.
Los avances legislativos y sociales que han tenido lugar en nuestro país en esta materia todavía a día de hoy necesitan ir acompañados de acciones tendentes a lograr una igualdad real entre hombres y mujeres, siendo imprescindible en este sentido potenciar la conciliación de la vida laboral y familiar, eliminar desigualdades salariales por razón de género, así como el compromiso de los poderes públicos contra la discriminación por género y una lucha decidida contra la violencia de género y el negacionismo creciente existente en relación con la misma.
La lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por la igualdad de trato y de oportunidades, es una actuación que no debe quedar dentro de las fronteras de los países desarrollados como España, sino que debe ir más allá y llegar a los países víctimas de conflictos armados donde la población en su conjunto, pero en especial mujeres y niños, ven vulnerados sus derechos a la vista de una comunidad internacional que no tiene sino la obligación de adoptar medidas para la protección de sus derechos y de sus propias vidas.
La igualdad, no sólo es un principio que debe guiar las políticas públicas, sino que ante todo es un DERECHO FUNDAMENTAL que nos pertenece a todos y todas y por el cual debemos luchar tanto en España como fuera de nuestras fronteras, sólo así podremos alcanzar su tutela plena y sin fisuras.
IGUALDAD-AFGANISTAN
Desde la comisión de igualdad de la UPF queremos denunciar la injusticia y grave vulneración de los derechos humanos y libertades que representa la situación que están viviendo las mujeres en Afganistán, sometidas a una violencia machista extrema que las anula como sujetos de derecho, seres humanos y las excluye de la vida política y pública. Queremos mostrar nuestro apoyo a todas las mujeres y niñas afganas. Reclamamos a la comunidad internacional que active los procedimientos de asilo y refugio que se soliciten por aquellas mujeres que quieran huir de esa situación de grave riesgo para su vida y la de su familia, así como les proporcionen todos los recursos asistenciales necesarios. Esta situación no puede caer en el olvido. Exigimos al gobierno talibán que devuelva a las mujeres el espacio y la dignidad que les han arrebatado.
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICAL.
Día tras día, los medios de comunicación nos abruman con los nuevos logros de la IA: ChatGPT ya es capaz de dialogar con nosotros como una persona. Pero carece de las capacidades que definen a un sujeto de Derecho: las de comprender y querer.
La ausencia de capacidad intelectiva ya la hemos visto someramente: las máquinas han llegado a ser capaces de calcular de forma tan precisa cómo hablamos, cómo escribimos y el aspecto que tenemos, que han reducido esos aspectos a algoritmos extremadamente complejos. Pero sólo eso (que no es poco). Saben hacer cosas,pero no saben por qué, para qué, ni qué es, en esencia, lo que están haciendo.
Ante la realidad de la Inteligencia Artificial la UPF manifiesta:
- La Inteligencia Artificial todavía no ha eclosionado en todo su teórico potencial. Es más, su principal problema es de viabilidad del modelo de negocio: la monetización de las soluciones de IA no está clara, y los analistas financieros hablan de un posible estallido de la burbuja bursátil de Nvidia.
- No obstante, las aplicaciones que empezamos a ver como parte de nuestro ecosistema diario, incluyendo las que empiezan a colarse en nuestros teléfonos móviles, auguran un futuro preocupante.
- La Unión Europea está realizando un esfuerzo normativo encomiable, preparando un Reglamento que regule el desarrollo e implantación de sistemas de IA. Pero es previsible que latransposición a nuestra legislación nacional, aun siendo innecesaria, no llegue con la premura exigible.
- Nuestra función como juristas es intentar corregir el desfase de la legislación, que forzosamente siempre va por detrás de los avances tecnológicos. Es decir, prepararnos para lo que está por venir.
LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA.
Transcurrido un año desde el anterior congreso, se hace necesario recordar lo concluido entonces en relación con la situación de la Justicia en nuestro país y el deseo de que la legislatura que entonces comenzaba se convirtiera en la “legislatura de la Justicia”
Recordamos entonces la comisión de expertos creada en el seno ministerial en el año 2009, con la función de establecer los puntos fundamentales sobre los que debería girar la ansiada reforma que diese lugar a la superación del modelo arcaico de Administración de Justicia del que nos seguimos sirviendo para poner las bases de la Justicia del futuro, entre ellas la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal.
A las deficiencias intrínsecas al modelo jurisdiccional existente y que determinan su ineficacia, se añaden las propias de la insuficiencia de medios personales y materiales. Las plantillas de jueces, fiscales y personal auxiliar son claramente insuficientes para afrontar los retos propuestos, muy por debajo de la media de los sistemas judiciales europeos, como puso de relieve la Comisión Europea en 2002.La apuesta por las nuevas tecnologías avanza lentamente y de forma dispar en los distintos territorios de nuestro país, con sistemas informáticos no siempre eficaces y a veces incompatibles entre sí, dificultando notablemente la interconexión propia de la época en la que vivimos.
Toda esta situación afectaba, decíamos entonces, al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE, a la par que ofrecía una imagen de país muy alejada de lo deseable para una sociedad democrática moderna, razón por la cual solicitamos del entonces próximo Gobierno que fije como una de las prioridades en sus políticas la de encarar la próxima legislatura como la «Legislatura de la Justicia», mediante el desarrollo de un modelo de Justicia que dé solución a las graves deficiencias que plantea el modelo actual, acompañado de la realización de las inversiones que para ello sean necesarias.
Pues bien, transcurrido un año desde aquel evento, hemos de decir que nada se ha avanzado en ninguno de los aspectos mencionados. La Justicia la hermana pobre de la administración española y seguimos sufriendo el abandono secular por parte de la administración y de la clase política en general, dedicada a batallas electoralmente más rentables.
En consecuencia, cumplimos de nuevo con nuestra obligación de exigir al Gobierno, CCAA, poderes públicos, además de los partidos políticos la adopción de todas aquellas medidas antes detalladas y que se dote, por fin y de una vez, a la Justicia y en particular a la Fiscalía de los medios personales, materiales necesarios y se desarrolle un Plan Estratégico suficientemente dotado que permita superar esta situación de histórico abandono.
AUTONOMIA PRESUPUESTARIA
Desde la Unión Progresista de Fiscales insistimos de nuevo en la necesidad de que se dote a la Fiscalía General del Estado de autonomía Estudios Jurídicos para la formación de fiscales dependa directamente de la Fiscalía General del Estado respetando presupuestaria con presupuesto propio y que el Centro de su consideración de organismo autónomo.
SOBRE LA CAUSA ABIERTA POR EL TRIBUNAL SUPREMO POR REVELACIÓN DE SECRETOS.
Ante la decisión tomada en fecha 15-10-2024 por la Sala II del TS, por la que se decide abrir una investigación por presunto delito de revelación de secretos contra el Fiscal General del Estado y la Fiscal Jefa Provincial de Madrid, la UPF quiere manifestar:
· Expresamos nuestra profunda discrepancia con la decisión adoptada por el Alto Tribunal, una vez leída detenidamente su motivación. Reiteramos una vez más que todas las actuaciones llevadas a cabo tanto por la Fiscal Jefa Provincial de Madrid como por el Fiscal General del Estado se hicieron bajo amparo legal y estatutario, fueron legítimas y, además, necesarias. Es por esta razón por la que consideramos imprescindible que continúen desempeñando sus responsabilidades en defensa, no sólo de su actuación, sino amparando la actuación de todos los fiscales que de ambos dependen. Por todo ello, ambos merecen nuestro reconocimiento y apoyo.
· Expresamos nuestra profunda preocupación por las consecuencias que la decisión judicial adoptada ya está produciendo, no ya sólo sobre la honorabilidad de dos fiscales concretos, sino sobre la institución del M. Fiscal. Todo ello en el contexto de un asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que, persiguiendo otros fines, sólo consiguen debilitar la justicia y la democracia. Es por ello que alertamos a la sociedad española de lo que está aconteciendo al tiempo que reiteramos nuestro llamamiento público a la moderación, a la prudencia, al respeto a las personas, a su presunción de inocencia y a las funciones que tiene conferida el Ministerio Fiscal, entre ellas la facilitar información veraz.
· Así mismo urgimos al Tribunal Supremo a que impulse y resuelva con la máxima celeridad esta investigación. Cada día que transcurra sin concluir el procedimiento abona el terreno para aquellos que sólo quieren debilitar nuestro Estado de Derecho y para ello han fijado su mirada en el Ministerio Fiscal.
