La UPF ante lo que parece ser una consolidada actuación de la Asociación de Fiscales (AF) de recurrir los nombramientos discrecionales, quiere manifestar no solo su indignación sino su más profunda preocupación ante una deriva carente del más mínimo sentido de equidad y coherencia.
Hace días conocimos el recurso interpuesto por la AF ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra el Decreto de 15 de marzo de 2021 por el que se nombró a nuestro compañero Javier Zaragoza Aguado Fiscal de Sala con funciones de refuerzo en materia de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales para el Campo de Gibraltar y zonas territoriales aledañas, sin tener en cuenta su trayectoria profesional de 40 años al servicio del Ministerio Fiscal con responsabilidades especialmente relevantes, a su indiscutible prestigio dentro y fuera de la carrera y a su compromiso en la lucha para la que fue designado. Esta situación hizo que Javier renunciara a dicho cargo para evitar que con la tramitación del recurso se dañara a la carrera fiscal.
Hoy hemos conocido a través de la prensa del recurso planteado contra el Decreto por el que se nombra Fiscal de Sala coordinador de Menores a nuestro compañero Eduardo Esteban Rincón. Según esas fuentes, el recurso incurre en importantes errores tales como sostener que el otro aspirante a dicha plaza y asociado a la AF, Jose Miguel de la Rosa, es más antiguo que Eduardo cuando la verdad es que este lleva 2 años ,11 meses y 11 días más en la carrera que aquel. En segundo lugar y con absoluta incoherencia, enarbolan el criterio de la espacialidad estricta, como el único posible, obviando que ni los consejeros electivos a propuesta de la Asociación de Fiscales comparten ese criterio.
Lo verdaderamente significativo de esa deriva es la falta de respeto a la capacidad y mérito probados del designado quien, en el momento de su nombramiento, era Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, órgano ante el que se dirimen las cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo en los que la defensa de los derechos fundamentales y de los intereses de las personas más vulnerables, y en concreto del superior interés de los menores,se erige en es su verdadera ratio. La trayectoria de Eduardo no se resume, de ninguna de las maneras, en la asunción de esa responsabilidad. Eduardo, siendo Fiscal ante el Tribunal Constitucional, asumió la enorme responsabilidad de dirigir la Fiscalía Provincial de Madrid demostrando su capacidad de organización y de coordinación interna y con otras instituciones y siempre desde una perspectiva multidisciplinar, habiendo sido una de sus máximas preocupaciones conseguir que la respuesta de la Fiscalía y de las instituciones implicadas fuera la más adecuada ante la diversa problemática que afecta a las personas menores de edad.
Esa falta de ecuanimidad -léase de rectitud, justicia e imparcialidad-, de coherencia interna y de respeto hacia los compañeros nos obliga a manifestar nuestro más absoluto rechazo y a instar a la AF a que recapacite y abandone esa línea de actuación que sin duda puede repercutir negativamente en nuestra carrera y provocar un daño institucional irreparable para la imagen y la credibilidad del Ministerio Fiscal.
Madrid a 26 de abril de 2021.
El Secretariado Permanente de la UP
