El próximo día 6 de diciembre, además de conmemorarse el 40 aniversario de la Constitución española, se cumplirán tres años desde que entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que establece unos plazos tasados para la investigación judicial de los delitos. Asimismo, ese día será la fecha de vencimiento de la prórroga de las causas complejas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.
La ciudadanía tiene derecho a una justicia penal de calidad, ágil y sin dilaciones indebidas pero también tiene, preeminentemente, el derecho a que los jueces y tribunales tutelen eficazmente sus derechos. Sin embargo, establecer plazos tasados a la instrucción resulta perturbador y supone, sobre todo, un riesgo cierto de impunidad, una amenaza para la efectiva reparación de las víctimas.
Los operadores jurídicos -muy especialmente los fiscales- hemos instado mayoritariamente la derogación de este artículo. Por ello, el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos han asumido o propuesto directamente en sede parlamentaria la derogación de esta norma aún en vigor. Es por ello que solicitamos a los Grupos Parlamentarios que antes del 6 de diciembre desbloqueen cualquier iniciativa parlamentaria o proposición de ley que pretenda su derogación, así como al Gobierno de la Nación, en su caso, que utilice el instrumento legislativo de urgencia previsto en el artículo 86 de la Constitución para acabar así con las incuestionables disfunciones que el citado precepto genera en la Administración de justicia pero, sobre todo, para evitar el inequívoco riesgo de impunidad que conlleva.
El Secretariado de la UPF
Albacete, a 24 de octubre de 2018
