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Las asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales han adoptado las siguientes conclusiones conjuntastras la reunión anual de sus ejecutivas:

LEY DE DEPENDENCIA

En el B.O.E. del 15 de diciembre de 2006 se publicó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuyo objeto es regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hace imprescindible una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con participación, en su caso, de las Entidades Locales.

Transcurridos casi dos años desde la publicación de esta Ley, fundamental en la configuración del Estado social y democrático de Derecho al que se refiere nuestra Constitución, JpD y UPF quieren denunciar la escasa voluntad política de las Administraciones implicadas, especialmente de algunas Comunidades Autónomas, para llevar a efecto un adecuado desarrollo de las prestaciones previstas en la Ley de la Dependencia, lo cual está causando graves perjuicios a las personas dependientes, precisamente las más necesitadas en este tiempo de crisis económica; asimismo, deploran el desigual grado de aplicación de la Ley en las diversas Comunidades Autónomas y la falta de coordinación con la Administración Central del Estado.

JpD y UPF exigen a todas las Administraciones públicas implicadas un esfuerzo organizativo y presupuestario para que la Ley de la Dependencia no se quede en papel mojado y sea reflejo de la verdadera solidaridad entre los ciudadanos y los territorios, básica en un estado social y democrático de Derecho como el nuestro.

AUTONOMIA PERSONAL Y BIOETICA

Para cualquier jurista comprometido con las libertades constituye un deber ético la reflexión sobre la capacidad y los límites del derecho para normativizar espacios de autonomía personal frente a la intromisión de los poderes públicos.

La autonomía personal y todos los problemas que se derivan de su reconocimiento y su efectivo ejercicio sirven para comprobar el valor y la dimensión de la Constitución como marco de generación y de protección de derechos y libertades.

La asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, ante los nuevos retos sociales y normativos que plantea la bioética, concebida como sistema de valores al servicio del derecho a la autonomía personal y al libre y digno desarrollo de la personalidad queremos poner de relieve dos reflexiones:

ABORTO

1.- La despenalización del aborto en ciertos supuestos constituyó una conquista histórica de las mujeres en su lucha por la plena autonomía personal y social. En la actualidad ha devenido insuficiente por la falta de seguridad jurídica tanto para las mismas como para los profesionales sanitarios.

2.- Entendemos que resulta necesaria una reforma que tome como punto de partida un sistema de plazos que sea respetuoso con el derecho de la mujer a decidir en las primeras semanas de embarazo, complementado con una reformulación de los supuestos actualmente previstos por la ley para así dar solución a casos justificados detectados fuera de plazo.

3.- Asimismo exigimos que el sistema de sanidad pública garantice en todo el Estado la prestación sanitaria necesaria para la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legales. Es inadmisible que invocaciones genéricas a la objeción de conciencia produzcan en la práctica como resultado que se acabe privando a las mujeres de su derecho de acceso a la sanidad pública

CUIDADOS PALIATIVOS Y EUTANASIA

1.- Hay que desterrar definitivamente del debate político-criminal la medicina paliativa, indebidamente cuestionada en procedimientos penales recientes. Para ello habrá que afrontar una regulación más clara sobre la materia y evitar indeseables confusiones con la eutanasia, ya que está en juego no solamente el derecho a la vida sino también el de no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes –art. 15 de la CE-.

2.- Por otra parte, consideramos que es hora ya de abordar una reforma del CP en materia de eutanasia que la despenalice con la finalidad garantizar el derecho a una muerte digna en casos de graves sufrimientos no evitables a causa de enfermedades incurables. Ello deberá hacerse con las necesarias garantías para asegurar que el consentimiento sea prestado de forma libre y voluntaria y con la debida información.

MEDIACIÓN

Proponemos un impulso de la mediación regulándola con una ley que delimite el ámbito de aplicación de la misma tanto en el proceso civil como en el penal. Mientras no se aborde su regulación legislativa, habrá que propiciar, dentro del ámbito de competencia que es propio de las Comunidades Autónomas, su aplicación mediante la elaboración de convenios en los que colaboren las Fiscalías y los Jueces, comprometiendo a las instituciones implicadas en su desarrollo.

Especialmente necesaria resulta la mediación civil en los procedimientos de familia, pues favorece una solución pacífica de las crisis familiares mediante acuerdos asumidos por ambas partes que previenen ulteriores comportamientos conflictivos.

DELINCUENCIA URBANÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actual situación de crisis económica tiene una evidente repercusión en los ilícitos relativos al medioambiente y a la ordenación del territorio, si bien de manera diferente.

En cuanto los de naturaleza puramente medioambiental, la necesidad de fomentar la actividad económica y el empleo corre el riesgo de convertirse en excusa para la relajación en los criterios para declaraciones y evaluaciones de impacto ambiental, tanto en actividades privadas como en lo que a ejecución de obra pública se refiere.

Por lo que concierne a los delitos de naturaleza urbanística, asistimos paradójicamente a un freno en su comisión, pues la coyuntura económica desfavorable ha suavizado la presión sobre la costa y ha reducido los comportamientos de naturaleza especulativa. Este puede ser un buen momento para mejorar la configuración técnica de los tipos penales existentes, que ahora resultan deficientes.

En cualquier caso, resulta necesario dotar los Juzgados y Fiscalías con medios suficientes que garanticen una ágil valoración pericial que permita encaminar adecuadamente la investigación.

LA JUSTICIA COMO SERVICIO PUBLICO

Las asociaciones Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales ponen de relieve la necesidad de hacer un esfuerzo colectivo para que la Administración de Justicia como servicio público responda adecuadamente a las necesidades que hoy tiene nuestra sociedad. Para ello consideramos ineludible:

1.- Que se adopten las modificaciones legislativas pertinentes para que se establezca el marco de lo que ha de ser la nueva oficina judicial, distribuyendo con claridad las competencias entre jueces y secretarios.

2.-Que el desarrollo del proceso y su gestión se ajuste a las posibilidades tecnológicas actuales y que los funcionarios al servicio de la administración de justicia sean personas formadas en tal especialidad.

3.- Adecuar la Planta y Demarcación Judicial a la evolución y distribución demográfica actual.

4.- Redefinir los servicios de inspección del Poder Judicial y del Ministerio Público para que se erijan de una vez en clave de bóveda del sistema, pero no sólo para la sanción de errores reprobables sino también para desarrollar una tarea de diagnóstico y prevención encaminada a detectar y corregir disfunciones. Con este fin habrá que proporcionar a dichos servicios los medios personales y materiales oportunos para desarrollar su función, así como modificar su manera de operar dejando de lado un formalismo superficial que sólo ha llevado a perpetuar indeseables inercias burocráticas.

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