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Ante la decisión adoptada por parte del Ministerio del Interior de retirar la escolta a jueces y fiscales que realizan su actividad en las más altas instituciones judiciales del Estado, la Unión Progresista de Fiscales manifiesta su rechazo a dicha medida al considerar que existe un riesgo real de que estos compañeros sufran, por los asuntos de gran relevancia pública en los que participan, amenazas individuales o de grupos organizados.
Queremos recordar que si bien el riesgo derivado de la organización terrorista ETA ha disminuido, aún existen juicios pendientes de celebrar contra sus miembros, y son numerosos los peligros presentes y futuros provenientes del terrorismo y crimen organizado en cualquiera de las formas investigadas por los jueces y fiscales en el ejercicio de su función pública.
Entiende la Unión Progresista de Fiscales que la retirada de todas las escoltas influirá en el trabajo de los compañeros que, en muchos casos, perderán la necesaria paz y sosiego para realizarlos correctamente.
Si bien esta medida se ha justificado en criterios de austeridad y recorte del gasto público, nos llama la atención que se mantenga a determinados cargos políticos no expuestos a este nivel de riesgo.
Palma, a 26 de junio de 2.012.

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