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El 16 de junio de 2017 las cuatro asociaciones judiciales suscribimos un documento con “14 propuestas para la mejora de la Justicia” al que se han adherido la mayoría de juntas de jueces de España, mas de 3.500 jueces y juezas así como las tres asociaciones de fiscales que han incorporado cuatro específicas de su colectivo.
 
Dichas propuestas comprenden desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal. Junto a ello, la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; y el refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
 
Unas son claramente competencia de los grupos parlamentarios, otras del Gobierno y el resto del Consejo General del Poder Judicial.
 
El balance no puede ser mas decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
 
Hasta la fecha, el gobierno no ha incrementado el número de jueces y fiscales a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando la precarización de las últimas promociones. Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional.
 
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
 
Hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos decidido hacer huelga. Con ella queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público. Reclamamos una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e independiente. Lamentamos los perjuicios ocasionados a la ciudadanía por este paro.
 
22 de mayo de 2018
 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
 
ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA
 
ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA
 
ASOCIACIÓN DE JUECES “FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE”
 
ASOCIACIÓN DE FISCALES
 
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES.
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES​

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