En su reunión de esta mañana, el Consejo Fiscal, con el asentimiento del Fiscal General del Estado, ha constatado que «Justicia Digital no es un sistema de expediente judicial integrado y que su funcionamiento es deficitario, impide trabajar de forma eficiente y eficaz», por lo que ha exigido la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia en tanto no exista un único sistema de gestión de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones, un auténtico expediente digital indexado, sin documentos escaneados sino integrados en el expediente, exigiendo que en los lugares donde se se iniciado la experiencia piloto se mantenga la remisión del expediente en papel, coexistiendo las remisiones telemáticas con el traslado del procedimiento.
Ante ello, la Unión Progresista de Fiscales considera urgente e inaplazable la inmediata paralización del proyecto de digitalización de las Fiscalías tal y como está diseñado en la actualidad, en consonancia con tal exigencia del Consejo Fiscal.
El Fiscal General del Estado no puede limitarse a trasladar al Ministerio de Justicia dicho acuerdo, no puede continuar haciendo seguidismo de la política del Ministro de Justicia, una política de derroche económico, que asciende ya a varias decenas de millones de euros, mal diseñada técnicamente, de espaldas al funcionamiento y las necesidades de las Fiscalías e indiferente al perjuicio que se pueda causar a los ciudadanos, sino que debe, como cabeza de la Carrera Fiscal, hacer suya esta exigencia por el bien de una Administración de Justicia eficaz y al servicio de la ciudadanía.
En estas condiciones, sería una grave irresponsabilidad mantener el proyecto y continuar con su implantación a tenor del calendario del Ministerio de Justicia, y ese mantenimiento pondría en riesgo el adecuado cumplimiento de la función del Ministerio Fiscal para supeditarla a intereses políticos. Creemos que la defensa de la ley y de la sociedad está por encima de ello.
La Unión Progresista de Fiscales defiende de forma decidida la Justicia Digital, la modernidad y las nuevas tecnologías aplicadas al proceso, pero desde un diseño avanzado, bien ejecutado y realista que elimine el papel y no lo multiplique, y con el que en definitiva la ciudadanía, para la que trabajamos, reciba una respuesta eficaz, técnica, rápida y acorde al siglo XXI.
Albacete, 25 de octubre de 2017.
