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Los plazos máximos de instrucción, la reforma estrella que el anterior gobierno del Partido Popular –con su ministro de justicia Rafael Catalá Polo a la cabeza- aprobó en el año 2015 sigue produciendo sus devastadores efectos en el mundo de la justicia.

Tras el reciente auto de la Audiencia Provincial de Murcia  (en un procedimiento seguido contra el ex presidente murciano Ramón Luis Valcárcel), son varios ya los casos de responsables políticos que han visto archivados los procedimientos penales seguidos contra ellos a causa del transcurso de los plazos del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La postura de esta asociación profesional ha sido siempre la de la inmediata derogación del citado artículo 324. De hecho, lo hemos sostenido en un buen número de comunicados en los que hemos advertido reiteradamente del riesgo de impunidad que genera la nefasta redacción de este precepto. Frente a dicha posición, en los diferentes partidos políticos no hemos encontrado más que una completa pasividad e inactividad.

No es tiempo ya de lamentos. Es tiempo de abordar soluciones ante el riesgo de que la reforma del Sr. Catalá -patrocinada por diversos procesalistas que subestimaban nuestras críticas iniciales- siga produciendo sus devastadores efectos y generando una autentica situación de impunidad ante casos de corrupción y otros muchos en que las víctimas no ven satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, rogamos a todos los partidos políticos para que abandonen su juego parlamentario y acometan, de una vez por todas, la tarea de aprobar la inmediata derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solo así conseguiremos que estas injustas situaciones dejen de producirse.

Madrid, a 10 de septiembre del 2019

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales 0 Medium G

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