Los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal quieren poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
1º) Que han tenido conocimiento con gran sorpresa de la presentación de diversas enmiendas por parte de diferentes partidos políticos del arco parlamentario, relativas a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el marco de la tramitación de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, actualmente en fase de estudio en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Esta Ley (en su fase de anteproyecto) fue informada por el Consejo Fiscal en fecha 15 de febrero de 2011, y en aquel momento parecía evidente que se renunciaba a la reforma de la LECr precisamente por encontrarse en fase de elaboración un anteproyecto de reforma completa de la ley procesal penal.
En consecuencia, el Consejo Fiscal no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre propuesta de reforma alguna de esta norma procesal de enorme relevancia para la organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal.
2º) Las enmiendas presentadas, de ser aprobadas, supondrían modificaciones sustanciales en materias tales como el régimen de recursos o el secreto de sumario.
En concreto, y sin ánimo de ser exhaustivos, parecen especialmente preocupantes la supresión de los recursos de reforma durante la fase de instrucción; la supresión del recurso de apelación contra las sentencias absolutorias en los Juicios de Faltas; o el desconocimiento de la facultad de informar a la opinión pública reconocida al Ministerio Fiscal en el art. 4 de su Estatuto Orgánico.
Por tanto, las modificaciones propuestas se revelan como de dudosa eficacia agilizadora, suponen una nueva reforma parcial de la LECr sin una adecuada valoración de conjunto del sistema procesal penal, y desde luego, afectan de manera significativa a la organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal. En consecuencia, de haberse incluido inicialmente en el anteproyecto habrían sido preceptivamente informadas por el Consejo Fiscal (art. 14,4,j EOMF), trámite que de esta forma se ha obviado de manera absolutamente incomprensible.
3º) Lamentamos el clima de tensión generado en los últimos días que no coadyuva al entendimiento que debe presidir las relaciones entre dos instituciones constitucionales como el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.
Por todo lo anterior, los miembros de la Comisión Permanente quieren mostrar su preocupación ante la evidencia de que se ha omitido al Consejo Fiscal en un tema de absoluta relevancia.
Al mismo tiempo, y desde el respeto profundo a sus funciones, confiamos en que los responsables de los diferentes grupos parlamentarios procedan al estudio y valoración de los temas planteados en estas enmiendas en el marco de una reforma integral del proceso penal en España.
En Madrid, a 9 de junio de 2011.
