La Unión Progresista de Fiscales siempre respetuosa con la legalidad y los procedimientos establecidos para modificar las leyes, no puede quedarse de brazos cruzados ante la pretensión de que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vía enmiendas parlamentarias a otra ley de naturaleza civil y contencioso administrativo, sin que se haya escuchado a aquellos órganos que preceptivamente deben pronunciarse en caso de reforma como son el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
En el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de 25 de mayo de 2011 se han incluido enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal con posterioridad al traslado de la Ley al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial, enmiendas que afectan al orden penal, y en concreto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Como fiscales exigimos que la reforma de una ley tan trascendental, y que afecta a derechos fundamentales regulados en la Constitución Española, como es la LECRIM, se realice sin oscurantismo, y respetando los cauces oportunos, incluida la reserva de Ley orgánica en los casos que proceda.
Tampoco consideramos adecuado que se introduzcan reformas que no respeten otras normas ya existentes, como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que fija entre sus muchas funciones en los art. 3 y 4, velar por los derechos de los ciudadanos, por la independencia de los tribunales, o informar a la opinión pública.
Dicho Estatuto orgánico, aprobado en el año 2007, estableció las bases para la modernización de nuestra institución, y como fiscales progresistas, no podemos aceptar ninguna propuesta que signifique un retroceso de estas funciones, o que demuestre una desconfianza inaceptable hacia la Institución del Ministerio Fiscal constitucionalmente sometido a los principios de legalidad e imparcialidad, principios estos a los que no están sometidas las demás partes intervinientes en el proceso.
Entendemos que es inaceptable que ante la inminente conclusión de los trabajos de redacción de lo que en el futuro será una nueva LECr, ajustada a los parámetros de los países modernos en la que el Ministerio Fiscal tendrá una actuación primordial, se intente boicotear el avance de nuestro país en el concierto mundial de propiciar una Administración de Justicia que cumpla con los mandatos internacionales al respecto y enfocada a la protección de las víctimas y los más desfavorecidos. Consiguiéndose con ello sostener o incluso empeorar el modelo actual, con el objetivo de beneficiar a unos pocos.
Palma de Mallorca, 6 de junio de 2011.
Secretariado de la UPF.
