Estimado Sr. Presidente del Gobierno de España:
Desde la Unión Progresista de Fiscales, con la firme convicción de que concurren obvias razones de extraordinaria y urgente necesidad para la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le pedimos que no se demore más la aprobación de dicha derogación vía Real Decreto-Ley, ante la imperiosa necesidad social de devolver a la ciudadanía sus legítimas expectativas de que el proceso penal esté al servicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Por ello le pedimos, que a la mayor brevedad posible se apruebe dicha derogación. De forma que, en los sucesivo, puedan evitarse casos como el resuelto por la Audiencia Provincial de La Coruña que por aplicación de este precepto privó a una víctima de violencia de género de la posibilidad de que se uniera al procedimiento un importante informe practicado por el Instituto de Medicina Legal. Considerando el Tribunal que estos procedimientos no son complejos y que su instrucción, y muy a pesar de la falta de medios, debe ser agotada en el plazo de seis meses.
Se comprueba así, que esta reforma operada en el año 2015 por el Partido Popular fijó unos plazos máximos de instrucción para las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, está sirviendo como una vía de escape soterrada que facilita la impunidad de graves delitos, como lo son los de violencia contra las mujeres, corrupción u otros.
Es visible y notorio que en estos más de tres años de vida del artículo 324, se ha abierto en nuestro país un espacio de impunidad que afecta de forma muy negativa al derecho a la tutela judicial efectiva, base de cualquier derecho social otorgado en nuestra Constitución.
En la Unión Progresista de Fiscales nos consta el compromiso de la Ministra de Justicia en la búsqueda de la derogación de este artículo que socava fuertemente los cimientos de la justicia penal. Y en esta línea, la Sra. Ministra, en fecha de 31 de enero de 2019, nos trasladó a todas las asociaciones judiciales y fiscales que el único obstáculo que existía para no tramitar este Real Decreto-Ley consistía en la existencia de la iniciativa que, con este fin de la derogación, se estaba tramitando en el Congreso a iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos.
Teniendo en cuenta que, a día de hoy, dicho grupo parlamentario ha despejado dicho obstáculo retirando su proposición de ley, consideramos que el camino a la aprobación de dicho Real Decreto-Ley queda libre, descansando bajo la sola responsabilidad del Gobierno.
Por todo ello, apelando a la alta consideración del Servicio Público al que sirve, le rogamos que se haga efectivo los compromisos adquiridos y que mediante la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vía Real Decreto-Ley, se de luz a un proceso penal que responda con todas las garantías que exige nuestra constitución y que merecen las ciudadanas y ciudadanos de este país.
Secretariado de la UPF
