Aprovechando la situación de crisis económica e institucional que atraviesa el país, el Gobierno está impulsando medidas legislativas y económicas cuyo verdadero objeto es el desmantelamiento del Poder Judicial, atacando a la independencia de los Jueces y a la imparcialidad de los Fiscales.
Por ello las Asociaciones de Jueces y Fiscales manifiestan:
1.- Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y las que anuncia se van a adoptar suponen un ataque a los principios básicos de la función pública, recortando algunos de sus derechos consustanciales, poniendo en duda la profesionalidad de quienes la integran y que con su actuación dotan de un valor añadido a la economía española en su conjunto.
2.- La actual situación de crisis no ha sido generada o agravada por todos aquellos que somos funcionarios de carrera profesionales que hemos accedido a la función pública a través de procesos selectivos en libre concurrencia y que incluso en época de bonanza económica vimos crecer nuestros salarios por debajo del IPC. Por lo tanto, ni hemos visto incrementada nuestra renta en forma proporcional al crecimiento económico reciente ni formamos parte del sector público crecido al margen de la administración por otros procedimientos y que explica el enorme incremento del gasto público general.
3.- La grave crisis económica que padecemos en España no justifica en modo alguno el intolerable insulto y desprestigio que supone la reducción de prestaciones en los casos de incapacidad temporal. Los inaceptables supuestos de abusos de las bajas laborales deben combatirse por los servicios de inspección correspondientes y en ningún caso castigando a unos colectivos que han demostrado su capacidad de servicio sin límite horario y a pesar de las condiciones laborales en las que se trabaja con evidente limitación de medios materiales y personales.
4.- Con la supresión de la paga extra de Navidad los jueces y fiscales han sufrido un recorte muy superior al resto de cuerpos superiores del Estado. Este mayor recorte sólo puede justificarse en el desprecio continuo que hacia nuestras Carreras demuestran quienes nos gobiernan y nos han gobernado.
5. Los Jueces y Fiscales apoyamos las movilizaciones que legalmente se convoquen por plataformas de la Función Pública en defensa de sus intereses profesionales, e invita a los Jueces y Fiscales a facilitar el ejercicio de sus movilizaciones.
Por ello se proponen como medidas:
1.- El Gobierno nos aboca a una situación de conflicto en el colectivo de la Carrera Judicial y Fiscal y por ello acordamos la creación de una comisión conjunta y permanente de los representantes de las Asociaciones Judiciales y Fiscales que canalizarán todas las medidas de protesta que deban adoptarse, paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, incluida, en su caso, la huelga.
2.- Dicha comisión procederá al estudio de los recursos que procedan contra las medidas adoptadas y su ejecución en cuanto son discriminatorias por la deducción salarial de los Jueces y Fiscales, así como en lo relativo al régimen de coberturas de licencias por incapacidad al no estar definidas nuestras enfermedades profesionales, y en todo caso frente a cualquier otra medida que afecte a nuestro estatuto profesional.
3.- Las Asociaciones judiciales desde la comisión nacional de seguridad y salud procederán a establecer de forma inmediata un sistema de baremación de la carga de trabajo, instando a la misma para que a la mayor brevedad establezca un catálogo de enfermedades profesionales aplicables tanto a la Carrera Judicial y Fiscal.
Las Asociaciones de Fiscales promoverán la creación de una comisión nacional de seguridad y salud integrada en la Fiscalía General del Estado.
4.- Las Asociaciones Judiciales y Fiscales iniciamos la coordinación con otros cuerpos de la Administración Pública para la adopción de medidas de protesta de forma conjunta.
5.- Se plantea como medida inmediata llamar a los Jueces y Fiscales a actuar con prudencia en el desempeño de sus funciones no asumiendo aquellas que excedan de la jornada ordinaria de trabajo.
6.- Exigimos del Ministerio de Justicia que de forma inmediata paralice cualquier reforma de la LOPJ, del Estatuto Fiscal o cualquier otra relativa a nuestro estatuto profesional y que, en lo sucesivo, cualquier proyecto que desarrolle en este sentido debe contar con la participación de las Asociaciones de Jueces y Fiscales en representación de la Carrera Judicial.
7.- Exigimos al Ministro que de forma inmediata reciba conjuntamente a las Asociaciones Judiciales y Fiscales a fin de participarle de primera mano el malestar actual de la Carrera Judicial y Fiscal, tanto por las reformas legales llevadas a cabo como por que su Ministerio tiene anunciado que va a realizar.
8.- Formada la comisión conjunta con representantes de las Asociaciones Judiciales y Fiscales ésta anunciará en septiembre las demás medidas de protesta que seguiremos convocando.
En Madrid a 16 de julio de 2012.
2 respuestas
Aunque no pertenezco a la carrera jurídica leo este texto con agrado. Las medidas del gobierno son más que medidas dictadas por una necesidad, porque implican un posicionamiento ideológico previo, y se apoyan en una campaña para desacreditar a funcionarios y trabajadores del sector público absolutamente inadmisible. Esta campaña encuentra fácil eco en personas que sufren las consecuencias de la crisis y desconocen la labor impecable de gran parte del funcionariado.
No pertenezco al ámbito de Justicia, pero sí a la Administración. Soy empleada pública, personal laboral fijo que accedí a mi puesto de trabajo superando una oposición, un concurso de méritos y una entrevista personal. Dicho esto, entiendo que el Poder Judicial debe mantener su indepencia como forma de garantizar el Estado Democrático y de Derecho. Siento satisfacción y esperanza al leer que Jueces y Fiscales reaccionan con rapidez y contundencia ante la grave situación provocada por el Gobierno.