DACIÓN DE CUENTAS
Queridas y queridos compañeros,
Este último Consejo Fiscal ha tenido un orden del día breve y técnico, donde se han analizado tres anteproyectos, si bien previamente han comparecido los Fiscales de Sala de la Unidad Técnica, Esmeralda Rasillo, y de la UCIF, Francisco Jimémez-Villarejo, para explicar, respectivamente, la evolución del proyecto sobre cargas de trabajo y los planes de cooperación al desarrollo.
El concepto «cargas de trabajo» se encuentra definido por la OIT y hace referencia al tiempo medio que requiere cada cometido de un determinado puesto laboral (no guarda relación con la salud laboral), por lo que constituye una herramienta más en aras a planificar el crecimiento de las plantllas junto con los datos que aportan las estadísticas y las visitas de la Inspección Fiscal; también una forma de poder hacer presión ante el Ministerio de Justicia con datos objetivos.
El proyecto ha sido encargado a una empresa especializada en la materia y con experiencia en estructuras humanas complejas (Aena, Renfe…). Los cuestionarios han sido contestados por el 26% de la plantilla y se han realizado entrevistas a compañeros con distintos cargos, si bien todos del ámbito de las fiscalías territoriales, por las que ha comenzado la iniciativa al ser las que afectan a un mayor número de compañeros.
En lo referente a los planes de cooperación al desarrollo, el tiempo ha demostrado que el protocolo para la selección de los aspirantes cuando superan la terna, creado hace dos años, ha objetivado el proceso y ofrecido confianza a los fiscales, que han manifestado ante la UCIF su agradecimiento por la transparencia ganada. Nuevamente hay que reconocer el sacrificio de los fiscales de la unidad de no participar en los proyectos a fin de dotar de imparcialidad al proceso y oportunidad al resto de compañeros; circunstancia ésta que recalca el Fiscal de Sala siempre que comparece ante el Consejo Fiscal.
El crecimIento en proyectos, por otra parte, ha sido exponencial (de 35 a 54 convocatoria), lo que se debe principalmente a la oferta de EL PacCTO. Y tambiém ha crecido el número de peticionarios.
En cuanto a los anteproyectos analizados, el primero ha sido el APLO de RD por el que se modifica el RD 312/2019, de 26 de abril, sobre el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos. El borrador ha sido redactado por la compañera de la Secretaría Técnica Beatriz López Pesquera, y ha sido refrendado íntegramente por el Consejo Fiscal, sin perjuicio de que los vocales de la AF hayan incluido un párrafo donde cuestionan la enseñanza desde dicho organismo autónomo por peligro de que no sea imparcial y contradiga el principio de igualdad. Por nuestra parte consideramos que no hay razón para tanto recelo:
En cuanto a los posibles sesgos: el anteproyecro establece que los preparadores serán fiscales y jueces en activo. Y el borrador de la compañera (aprobado por el CF) además propone que el nombramiento por el CEJ sea a propuesta de la FGE, como ocurre con los formadores de la enseñanza inicial y continua. De modo que ponedle cara a los compañeros que diariamente dan clases en el CEJ y comprobaréis que no hay razones para dudar del sistema; máxime, cuando los tribunales siguen siendo los mismos.
En lo referente al pº de igualdad en el territorio, desde el momento en que se garantiza en el APLO la enseñanza individualizada con cada alumno, pero no que lo sea presencial, es obvio que podrán beneficiarse aspirantes de todo el territorio.
Por su parte, la vocal de la Apif se ha opuesto a que la selección sea a propuesta de la FGE, circunstancia que los restantes vocales hemos considerado importante por el grado de autonomía que nos garantiza. Eliminar este punto, como pretendía la vocal (que anunció su voto particular), implica
que los preparadores serán jueces y fiscales en activo a designar directamente por el CEJ, no por el CEJ a propuesta de la Fiscalía.
Sinceramente, no comprendemos qué daño puede hacernos al resto que haya personas sin capacidad económica que puedan preparar, gracias a esta herramienta, desde su pueblo o pequeña ciudad.
Los otros dos anteproyectos han sido aprobados sin modificaciones al borrador más allá de cuestiones mínimas que no merecen reseña. Se trata del Proyecto de Reglamento del CGPJ para regular la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, a cargo del Teniente de la Inspección Fiscal, Javier Rufino Rus, y el Proyecto de modificación del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, para la efectiva formación y especialización en materia de violencia sobre la mujer, a cargo de Francisca González Díez, compañera de la Secretaría Técnica. Agradecer a ambos el trabajo, porque eran realmente textos normativos-somníferos.
Por último, en cuanto a los concursos venideros; el discrecional se encuentra en marcha y el reglado a punto de ser convocado, si bien se desconoce el número exacto de plazas todavía.
Burgos y Sevilla, 21 de septiembre de 2025.
Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol
