La Unión Progresista de Fiscales en su compromiso de contribuir a establecer una sociedad democrática más avanzada, vuelve sus ojos a Ceuta para, una vez más, llamar la atención sobre la respuesta, que desde las distintas Instituciones de nuestro país, se ofrece a quienes en la búsqueda de un futuro digno intentan, de modo irregular, traspasar nuestras fronteras.
Recordamos que la entrada irregular en España no es delito y que la protección de los derechos fundamentales debe ser cumplida de modo exquisito, también en las fronteras, máxime cuando hablamos de un colectivo tan vulnerable como son los migrantes empobrecidos.
La Unión Progresista de Fiscales pide que se investigue, con seriedad y rigor los hechos acaecidos el día 6 de febrero de 2014, de modo que pueda esclarecerse cómo se produjeron las, al menos catorce muertes denunciadas de ese día en la playa de “Tarajal” en la ciudad de Ceuta.
Del mismo modo, entendemos, que deberán depurarse las responsabilidades oportunas si se constata que se produjeron devoluciones de los supervivientes a Marruecos sin cumplir con las formalidades legales, sobre todo teniendo en cuenta que de ser ciertas las llamadas devoluciones “en caliente” se habrían perdido las declaraciones de los testigos que presenciaron y denunciaron los hechos.
En este sentido, debemos recordar que el Defensor del Pueblo ha investigado, desde el año 2005, diversas denuncias sobre actuaciones de la Guardia Civil, comunes a Ceuta y Melilla, sobre estas devoluciones “en caliente”, en las que se ha concluido que las mismas no son respetuosas con la legislación vigente.
La falta de diligencia en la investigación de estos hechos nos colocaría en un escenario, tristemente conocido en nuestro país, por cuanto el Comité contra la Tortura de la ONU condenó a España y declaró que violó la convención internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 12 y 16) por no investigar la muerte del señor Sonko, acaecida en Ceuta la noche del 25 al 26 de septiembre de 2007, en la que se denunciaba que un funcionario de la Guardia Civil le pinchó el salvavidas cuando el migrante intentaba llegar a nuestras costas, produciéndose el ahogamiento por no saber nadar.
La Unión Progresista de Fiscales cree que una sociedad democrática no pude contribuir, directa ni indirectamente, con las mayores formas de sufrimiento que padecen las personas que inician procesos migratorios, ni asistir impávidos a la muerte en nuestras fronteras.
En Santiago a 12 de febrero de 2014
El Secretariado Permanente.
Un comentario
Agradecemos su pronunciamiento y lo compartimos plenamente. Es muy necesario que ante sucesos como estos se reaccione adecuadamente, pues la prepotencia que se observa por parte de ministerio de interior y fuerzas de seguridad es muy peligroso para cualquier sociedad ,y si no se ponen todos los medios para frenar y eliminar estos comportamientos, la situación irá a peor.
La Fiscalía tiene el poder de actuar en todos estos casos y DEBE hacerlo. También sería deseable que no se consintiera en modo alguno que esa institución se pusiera de parte del poder con conductas ilícitas en vez de proteger los intereses de la ciudadanía y perseguir el delito como lamentablemente se está viendo con Moix, Horrach y otros fiscales.