Desde la Unión Progresista de Fiscales asistimos atónitos a las manifestaciones efectuadas por el Ministro de Justicia en funciones -que también de Fomento- Rafael Catalá Polo en las que afirma que “la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya está dando los resultados que esperábamos”, resultados que no son otros que el descenso de un 41,7% de asuntos ingresados en los órganos de la jurisdicción penal en relación con el segundo trimestre del año pasado, según datos publicados por el C.G.P.J.
Recordamos al sr. Ministro en funciones que la reducción del número de asuntos que acceden a los juzgados de instrucción es consecuencia directa e inmediata de un motivo: muchos de los atestados policiales sin autor conocido ya no se remiten a los órganos judiciales; atestados cuya sencilla tramitación antes de la reforma en ningún caso suponía la causa principal del colapso que sufre actualmente la jurisdicción penal española.
Por el contrario, los jueces de instrucción y los fiscales han visto incrementada su carga de trabajo con el nuevo enjuiciamiento de un buen número de delitos leves que antes de la reforma de 2015 del Código Penal era competencia de los Juzgados de lo Penal, con la supresión de los fiscales y jueces sustitutos que cubrían bajas, licencias y excedencias y con la instauración de un sistema de plazos de instrucción que generó y sigue generando no solo un importante aumento de nuestras ocupaciones diarias, sino además un notable deterioro en las relaciones entre los responsables de su aplicación, para, en definitiva, no resultar sino una operación de mero marketing ministerial en un fracasado intento por terminar con las -desdeñadas por todos- dilaciones indebidas de los procesos penales.