La UPF condena categoricamente el proyecto de Ley presentado por el Ministro Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardon, por el que se extienden a toda persona física y jurídica y a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso administrativo y social las tasas judiciales, de modo que impediran o dificultaran el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, y queremos recordar que esta legislación es similar a la de época preconstitucional en la que estaba vigente una ley en virtud de la cual todas las personas fisicas y juridicas sin distinción de su capacidad economica debian satisfacer altas cantidades de dinero para poder iniciar o tramitar sus procedimientos.
Lamentamos profundamente que este sistema suponga, además. un avance en la privatización del servicio publico de la Justicia, en la medida que preveé rebajas en estas tasas judiciales cuando las cuestiones litigiosas se solucionen extrajudicialmente, olvidando que los mecanismos para materializarlos no son en modo alguno gratuitos y en todo caso para su convalidación y ejecución es necesario acudir a los Tribunales.
La UPF se manifiesta contraria a la imposición de tasa judicial alguna para el acceso a la tutela judicial efectiva, pero considera que es todavia más grave que el aumento de las mismas sea en cantidades tan abusivas como los que este proyecto de ley propone.
Consideramos desproporcionada las cantidades que quieren imponerse, que a modo de ejemplo, se fija en 800 € un recurso de apelación, 1200 € el recurso de casación, un procedimiento ordinario en el contencioso administrativo de 350 €, ó 500€ para la suplicación y 750 € el recurso de casación en la jurisdicción social.
Cantidades a las que habrá que sumarse otra cantidad variable en funición de la cantidad económica objeto del procedimiento.
La sentencia del TC invocada en la exposición de motivos por la que se declara constitucional la tasa prevista en la ley 53/02 estudia solo un caso concreto que afecta a una empresa con grandes recursos económicos, y mantiene que la exigencia de una tasa nunca puede hacer ilusoria o imposible el acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos, cosa que sucederá si se aprueba este Proyecto de Ley.
Palma de Mallorca, 18 de septiembre de 2011.
