Este lunes 27 de abril se celebran los funerales de Estado por las 150 víctimas del trágico siniestro aéreo de la Compañía Germanwings. Cuando, hace ya cerca de un mes, conocimos el terrible siniestro del avión alemán en Francia y su enorme magnitud, nos conmocionó a todos, especialmente en Barcelona. Esta vez nos tocó muy de cerca, todos conocíamos a alguien que viajaba en aquel terrible avión.
A muchos nos vino a la cabeza una pregunta: ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en España? ¿Cómo hubiéramos reaccionado y cómo se hubiera actuado desde la Justicia y desde los poderes públicos? Y es que, la rápida y ágil comparecencia del Fiscal de Marsella, explicando con absoluto rigor y sin tapujos la marcha de la investigación, informando en primer lugar a las víctimas y respetando su dolor por encima de todo, nos hacía sentir cierto sentimiento de orgullo de pertenecer a esta carrera. Porque, aunque nosotras no fuéramos el Fiscal de Marsella, algo nos tocaba la fibra la actuación de este colega galo, y de todo lo que lleva detrás, por descontado. Si este luctuoso suceso hubiera tenido lugar en los Pirineos, por ejemplo, la Instrucción del mismo la hubiese llevado un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de un pueblecito, cuyo titular probablemente hubiera sido o sustituto o un novel juez de primer destino. El asunto se hubiera eternizado en dicho Juzgado y, por supuesto, el control de la información y el tempus de la misma lo habría tenido la autoridad política.
Y esa misma pregunta deberíamos hacernos cada vez que un suceso de gran calado nos sacude las conciencias. ¿Cómo hubiéramos actuado aquí de tener lugar en nuestros mares la tragedia de los casi mil inmigrantes que perdieron la vida para siempre? ¿Y en todas ésas que se vienen sucediendo un día tras otro? Pero ésa es otra historia, que también deberemos acometer. Y más bien pronto que tarde.
¿No somos capaces de reaccionar ante estos hechos que afectan a la esencia del género humano? ¿Estamos ante el declive de esta civilización ?
El legislador acomete grandes reformas en el orden penal y procesal penal, pero ¿para cuando el Fiscal español encargado de la investigación? ¿ Hasta cuando vamos a ser el patito feo de Europa? Como puede pretenderse la armonización de las legislaciones en el ámbito europeo o del Consejo de Europa para luchar contra el crimen organizado, la corrupción y otras lacras, si España tiene un sistema procesal tan distinto del resto de nuestro entorno, en que aun conservamos la figura decimonónica del juez instructor. Quien teme en España al Fiscal Instructor ?
Y es que la cuestión no es sencilla. No basta con pensar si el fiscal en España, en semejante tesitura, hubiera podido coger el toro por los cuernos y convocar una rueda de prensa, ni mucho menos. Aunque teóricamente podría hacerlo, ya que el artículo 4 de nuestro Estatuto Orgánico incluye entre nuestras funciones la de “informar a la opinión púbica”. Pero del dicho al hecho hay un buen trecho, como dice el refrán. Y todo un ordenamiento jurídico que atravesar, habría que añadir. En el que, además, no hay una pasarela que permita el trasvase de las carreras judicial, como ocurre en la mayoría de países de nuestro entorno, sino un escarpado muro casi imposible de traspasar.
Así, lo primero que habría que plantearse es quién llevaría la investigación. Como sabemos, España es uno de los dos únicos países de la Unión Europea donde la instrucción no recae en manos del fiscal, sino, en nuestro caso, de la figura del juez de Instrucción, y como decíamos le corresponderá al del partido judicial donde haya sucedido el hecho. Sea donde sea y tenga el tamaño que tenga. Imaginemos que este horrible suceso hubiera tenido lugar en un pequeño pueblo de montaña, mal comunicado y con un extenso partido judicial, alejado de la capital correspondiente. Podría ser competente un juzgado mixto, con guardia frecuente e incluso permanente y asuntos de toda índole que tratar. Y servido por jueces de poca experiencia o incluso sustitutos, por lo poco atractivo del destino, lo que además determina su poca estabilidad. Y con un fiscal con sede en una capital o en una fiscalía de área a muchos kilómetros que comparte además ese juzgado con alguno más, y con un régimen de guardia de mera disponibilidad. Seguro que no es difícil de imaginar para quien conozca este mundo, y que tampoco es insólito. Es más, sería perfectamente probable, teniendo en cuenta nuestras leyes y la organización de nuestro mapa judicial.
Pero sigamos imaginando. Ese juez recibiría la llamada, probablemente con pocos datos, y debería avisar al Instituto de Medicina Legal, instalado en la capital a kilómetros de allí, para que acudiera el forense que estuviera de guardia para esa y varias zonas más. Y decidiría si avisar o no al fiscal, cuya presencia en el levantamiento de cadáver no es obligatoria, por más que el sentido común la haga necesaria. Y, aún en el caso de que acudiera desde la lejana sede en que se encontrara, andaría por allí casi como un convidado de piedra, dado que la ley no le atribuye la investigación, y permanecería al rebufo de lo que decidiera ese juez. Y claro, en esas circunstancias, es difícil que ni siquiera llegara a plantearse eso de informar a la opinión pública, ni a las víctimas ni a nadie. Porque lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible.
Entonces, por supuesto, llegaría el momento en que las autoridades acudieran al lugar, se hicieran teóricamente cargo de la situación, y convocara una rueda de prensa el responsable público de turno, diciendo cuatro vaguedades y sin mostrar una especial sensibilidad por las víctimas. Y comenzarían las elucubraciones en todos los medios de comunicación acerca de cualquier cuestión que se les ocurriera para suplir las lagunas de la información proporcionada mal y tarde. Y la pulverización de detalles, rumores e imágenes que reduplicarían el dolor de los seres queridos de las víctimas, con los inevitables todólogos opinando a diestro y siniestro.
Mientras tanto, habría que empezar a poner en marcha el dispositivo para el rescate e identificación de los cadáveres, a partir de ese médico forense de guardia que, a buen seguro, pediría refuerzos. Y no hace falta recordar experiencias no demasiado lejanas en identificación de ADN en catástrofes aéreas para ponerse a temblar.
Así que, hecho este ejercicio de imaginación, resulta que la cosa no hubiera sido igual, ni parecida, a lo ocurrido allende nuestras fronteras. Pero sigamos ejercitando la imaginación y fantaseemos con una Ley de Enjuiciamiento Criminal moderna que atribuyera la instrucción al fiscal, con unos medios dignos para llevarla a cabo y sin limitar su poder de actuación. Y añadamos a ello la cualidad que es propia de nuestra carrera –y solo excepcionalmente de los jueces- de especialización en materias determinadas. Y que, por ello, se avisara a un fiscal preparado para este tipo de asuntos, que contara con los medios personales y materiales para actuar de un modo rápido y eficaz y con un protocolo para reaccionar de manera inmediata. Un fiscal que no estuviera constreñido por los estrechos límites del partido judicial donde se sucedieron los hechos, y que asumiera la dirección de la investigación.
Y, ya que de imaginar se trata, que el fiscal tuviera una adecuada formación en cómo comportarse con los medios de comunicación o contara con un especialista en su fiscalía debidamente formado y dotado de medios para ello. Entonces, y solo entonces, estarían en condiciones de hacer efectivo el mandato del artículo 4 del Estatuto y de poder informar a la opinión pública de una forma seria y fiable. Garantizando, además, la protección de las víctimas y el derecho del ciudadano a recibir una información veraz. Y sin necesidad, por descontado, que el responsable político de turno convocara una comparecencia a su gusto, en plasma o no, para acabar dejando a todo el mundo descontento.
Y ahora, abramos los ojos y volvamos a la realidad. Y mientras, crucemos los dedos para que nada de esto ocurra, y menos aún dentro de nuestras fronteras. Porque este es el panorama si nadie lo cambia. Y hora es ya de que deje de serlo.
Susana Gisbert Grifo y Neus Pujal, Fiscales.