Tras la aprobación del acta del pleno anterior, la sesión ha comenzado con la exposición, por parte de la Inspección Fiscal, de la problemática actual y posibles soluciones de futuro para la mejor gestión del complemento variable por objetivos de los miembros de la carrera fiscal, regulado en el RD 432/2004 de 12 de marzo (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-5192), a cargo de los inspectores José Mª García Atienza y José Hidalgo.
Coincidiendo con el sentir de la carrera, la Inspección es plenamente consciente de las problemáticas derivadas del sistema actual, traducidas en los desequilibrios que provoca, el subjetivismo que conlleva la autoliquidación de los estadillos y la consiguiente desconfianza que esto último genera; por no hablar del tiempo que le resta a nuestra función.
Se hace necesaria la mecanización del dato, en la que se está trabajando con programas piloto que han tenido resultados dispares según la provincia (Guadalajara, Murcia, La Rioja y Toledo) y que han evidenciado las dificultades que todavía tienen que superarse hasta alcanzar la automatización general, para todo el territorio y toda materia (y sobre lo que se abundará en el siguiente punto). Sin dejar de ser éste el objetivo, se asumen como pasos previos: una automatización parcial a medio plazo, que se circunscribiría a territorio-Fortuny y prescindiría de las especialidades con aplicaciones propias (protección y reforma de menores, así como cooperación internacional); y, a corto plazo, se trabaja en una reforma residual consistente en la mejora de los datos reflejados en los estadillos, con la idea de establecer una mayor coherencia entre el resultado obtenido y el esfuerzo de cada fiscal. La filosofía de la iniciativa se basa en simplificar los apuntes y potenciar la posibilidad de su contraste (actualmente se revisa por cada inspector la productividad de una media de cien compañeros), reducir el subjetivismo y aliviar el gravamen que supone la anotación manual.
Sobre la propuesta de la AF, consistente en establecer tres niveles de rendimiento, los dos inspectores han explicado que, tal cual está planteada, intensificaría la falla existente, debido a que el presupuesto se agotaría en el primer tramo; esto, al margen de que tampoco se garantiza con ello que los distintos tramos sean coincidentes con el esfuerzo de cada cual. Y el carácter rotatorio propuesto por la APIF resulta inaplicable, ya que la propia norma lo prohíbe en el art 1.4 RD, junto al cobro lineal. Allí donde se aplica, según se expone, es porque resulta impracticable otra alternativa.
Sobre la división por niveles, es de recordar que la UPF ya publicó el 5 de noviembre de 2020 una propuesta sobre productividad, donde incluía la fijación de tres tramos con la idea de que se ampliara el máximo posible el número de fiscales que la cobraran. No obstante, se era consciente de la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas, tanto de la Ley 15/2003 como del RD 432/2004.
Hallándonos en sede de Consejo Fiscal, y teniendo que partir de los instrumentos legales de que disponemos, se hace necesaria, en cualquier caso, la mejora del dato que priorice las funciones de mayor penosidad y el elemento cualitativo (simples ejemplos que hemos dado nosotros: juicios de especial complejidad respecto de escritos de acusación anotados como de especial complejidad, con independencia del número de jornadas que duren, o la puntuación de los informes de especial complejidad). Actualmente, y según se nos comunica, alrededor del 60% de los compañeros beneficiados repite semestre tras semestre y sólo oscila el 40% restante, lo que es muy significativo.
Se trata de aspectos que seguirán siendo abordados por la comisión de productividad, si bien existe vocación unánime de estudiar todas las posibilidades; entre ellas, realizar el análisis comparativo respecto del porcentaje de personas que cobran el complemento en la carrera judicial (alrededor del 70% y que funciona sobre el cumplimiento de objetivos traducido en horas de trabajo), como ha puesto de manifiesto la Teniente del TS, y valorar alternativas al reparto actual del presupuesto.
Según ha manifestado el FGE, si es factible un sistema distinto que respete el marco normativo dentro del cual tenemos que movernos, en cuanto a fines y vetos de formas de reparto, se estudiará; incluido un sistema inteligente de tramos.
Pero esto no excluye la necesidad de mejorar (y simplificar) la anotación y puntuación de los conceptos, que es, en definitiva, lo que va a traducir el esfuerzo de cada cual de una manera más realista. Ha avanzado que el nuevo sistema deberá premiar el trabajo extraordinario, el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de política criminal en cada periodo por la FGE y los puestos que suponen, según las circunstancias, una penosidad mayor.
A continuación, la Fiscal jefe de la Unidad de Apoyo ha explicado los avances en el proceso de mecanización del complemento variable por objetivos en las diferentes comunidades autónomas.
Como escenario global, hay que partir de la base de que actualmente la falta de una tecnología adecuada afecta a más de la mitad de los asuntos que tramita el fiscal, lo que se traduce en el servicio al ciudadano. Resulta esencial, pues, que los fiscales puedan acceder a los trabajos preparatorios de las nuevas aplicaciones sobre las que trabaja el Mº Justicia. En este sentido, está previsto que para febrero 2024 se cumpla el compromiso de dar acceso a la Inspección Fiscal al borrador de Atenea.
Pasando al análisis por comunidades autónomas, y comenzando con Andalucía (488 fiscales), se da el problema de que no están integradas las aplicaciones Fortuny y Adriano, aunque en breve plazo se alcanzará su confluencia. A más largo plazo está prevista la integración con la futura Atenea.
Las comunidades que tienen un mejor ritmo son las que trabajan con las aplicaciones Avantius y Vereda (Cantabria, País Vasco, Aragón y Navarra), en las que también se pretende mejorar la calidad de la automatización de los datos. Hay un proyecto de estadillos contratado para 2025, aunque su cumplimiento depende de los plazos de la cosificada contratación pública.
En Canarias, el sistema Atlante sí es común para jueces y fiscales, con buen resultado.
Cataluña (419 fiscales), que fue pionera en el pasado, actualmente tiene un sistema de gestión procesal (Gif) obsoleto. El despliegue de la actualización ha comenzado con las materias civil, mercantil y contencioso-advo, aunque es mejorable.
Madrid (327 fiscales) presenta una situación peculiar. Tras años de abandono, ha alcanzado una gestión procesal unívoca con los órganos judiciales. Se sigue operando con Fortuny y en papel, pero a medio plazo está prevista la implantación del sistema GPRF.
La Comunidad Valenciana (276 fiscales) ha sufrido un proceso de cambio no plenamente satisfactorio. Actualmente utilizan Fortuny, si bien se encuentra en plena implantación una nueva aplicación, Justa, que pretende ser única para juzgados y fiscalía y se está iniciando su andadura, con muchos problemas, en civil. Para el ámbito penal no se prevé un horizonte a corto plazo.
Las distintas velocidades a que se están sometiendo las diferentes fiscalías en el proceso de modernización de los sistemas de gestión procesal pretende superarse, según informa la Unidad de Apoyo, con la creación de una Agencia Estatal Tecnológica, instada desde la FGE y que resuelva este problema derivado de la dispersión competencias, dado que se trata de trece administraciones diferentes.
Una vez expuesta la situación por las diferentes unidades de la FGE, se ha pasado a discutir y aprobar supuestos respecto de los que la Comisión de productividad no había alcanzado un acuerdo en lo referente a su inclusión como conceptos computables.
De esta forma, se ha acordado no computar la redacción de las memorias anuales (11 votos frente a 1 de la UPF), no crear una baremación específica para asistencia y desplazamiento a las sesiones del Consejo fiscal, que se computará como una salida más fuera de la sede/isla (unanimidad) y adaptar el apartado de diligencias de investigación a la nueva Circular, que diferencia entre preprocesales, auxiliares y posprocesales, así como el visado de los decretos de conclusión (unanimidad).
El último punto ha tratado una solicitud de compatibilidad de un compañero, quien pretende impartir clases en una localidad a 278Km de su centro de trabajo. Se ha aplazado la decisión a fin de darle audiencia.
Adenda
El 3 de noviembre se ha reunido la Comisión de seguimiento de la Comisión de igualdad con la idea de poner en marcha el nuevo Plan de Acción bianual e iniciar el estudio de la modernización del Plan de Igualdad existente. Han sido aprobadas diferentes iniciativas, que van a ser dirigidas a distintas instancias de la Fiscalía, y de cuyo resultado se os informará más adelante.
Burgos y Sevilla, 5 de noviembre de 2023
Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol.
