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En una Europa de mercaderes la crisis de los refugiados que atormenta las conciencias de los ciudadanos de la Unión Europea ha puesto de manifiesto una vez más la incapacidad de las instituciones europeas en general, y del Gobierno español en particular, de obrar conforme a los principios que debieran regir su actuación establecidos en los Tratados fundacionales para las primeras y en la Constitución para el segundo.

 

Esta actuación, ajena a los principios más básicos de la civilización, hace que la brecha entre las instituciones y los ciudadanos se haga cada vez más profunda. La sociedad civil no puede suplir la pasividad institucional. Basta recordar la generosa acogida del gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles de 1939 y compararla con la cicatera actuación de nuestros gobernantes actuales para comprobar que los derechos humanos se encuentran amenazados en Europa.

 

La Unión Progresista de Fiscales denuncia que esta actuación europea es, no ya solo moral y éticamente inaceptable, sino que además es jurídicamente improcedente.

 

Resulta desalentador, ante el drama vivido a diario, tener que recordar que el Tratado de Lisboa fijaba como finalidad hacer una Unión Europea más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, con una sola voz, los problemas mundiales, siempre obrando en pro de la paz, la justicia y la solidaridad en el mundo. Así, su artículo 2.5 dispone que «en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas».

 

Por otra parte, el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (que se firmó pero no llegó a ratificarse) iba precedido de un preámbulo que recordaba que la Unión está fundada sobre los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las minorías.

 

Además, el artículo 1.2 de nuestra Constitución sienta como valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político y su artículo 10 fija como fundamento del orden político y la paz social la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes.

 

Con todo este acervo legislativo, la U.P.F. considera que las razones presupuestarias no pueden llevar a eludir las responsabilidades que para con los refugiados tiene la Unión Europea en general y el Gobierno de España en particular, ni facultan a ninguna autoridad a desconocer los principios que rigen nuestra vida en común y cuyo cumplimiento es exigido por los ciudadanos y la sociedad civil.

 

Secretariado Permanente de la U.P.F.

Un comentario

  1. Es una bocanada de aire fresco, saber que los FISCALES , EXISTEN . Demasiado silencio en nuestro País. Y GRAN NECESIDAD…, DE APOYO A LOS DDHH, DE TODOS , GRACIAS, POR QUE NUNCA ES TARDE. Y POR QUE «JUNTOS» SE HACE MÁS LLEVADERO EL CAMINO DURO ,QUE NOS TOCA VIVIR. EN lucha por una humanidad JUSTA Y HUMANIZADA.( M.V.)

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