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Tras su reciente entrada en vigor el día 6 de diciembre de 2015, la Unión Progresista de Fiscales reitera su enérgico rechazo al sistema de plazos de instrucción instaurado por la Ley 41/2015 de modificación de la LECrim. al considerar incongruente el control por los fiscales de los plazos de las investigaciones judiciales.

Lamentamos que el análisis profundamente crítico realizado unánimemente por las asociaciones de fiscales y jueces, así como por más de mil doscientos fiscales españoles en una carta dirigida al Consejo Fiscal, no haya sido acogido por el actual Ministro de Justicia, rehusando -incluso- el aplazamiento solicitado del exiguo y sorprendente plazo de dos meses de entrada en vigor de la reforma hasta la necesaria dotación de medios para su debida aplicación práctica. En este sentido, desde nuestra asociación hemos manifestado insistentemente que el Ministerio Fiscal carece de recursos personales y herramientas informáticas que permitan controlar con rigor los tiempos de las investigaciones de los jueces de instrucción.

La instauración de esos nuevos plazos pone de manifiesto -una vez más- la absoluta improvisación del legislador con una reforma cuya acelerada entrada en vigor solamente puede justificarse en la voluntad de “vender” en plena campaña electoral una ficticia modernización de la justicia, escondiendo el vergonzoso trato dado a la misma y a sus profesionales en esta legislatura.

Asimismo, reiteramos nuestro público reproche al posicionamiento adoptado por la Fiscal General del Estado que, en una actitud claramente condescendiente con el Ministerio de Justicia, no ha liderado el desacuerdo y la crítica constructiva de un sobresaliente número de miembros de la carrera fiscal ante una reforma legislativa que no hace sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia.

En definitiva, consumada la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos cuya implantación no va acompañada de la necesaria dotación de personal -por decisión del propio legislador- y atendiendo a las dificultades de la Fiscalía para controlar los plazos de los procedimientos no solo futuros, sino también en trámite -más de 700.000, según datos del propio C.G.P.J.-, la Unión Progresista de Fiscales lamenta y censura el incumplimiento por el Ministro de Justicia de los compromisos adquiridos ante el Consejo Fiscal el pasado día 20 de octubre de 2015, tanto de proporcionar al Ministerio Fiscal herramientas informáticas adecuadas para examinar el estado de los procedimientos judiciales, como de dictar la correspondiente instrucción a los letrados de la administración de justicia a fin de que faciliten a los fiscales la labor de control de los plazos de instrucción. Y es que la responsabilidad de esa tarea de inspección no recae en exclusiva en los integrantes de la carrera fiscal, sino también -e incluso en mayor medida- en los jueces que dirigen la instrucción y en los propios letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde poner en conocimiento de aquéllos el vencimiento de los términos judiciales.

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

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