El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales, ante la reciente aprobación por la Cortes Generales de la Ley de Memoria Histórica quiere manifestar lo siguiente:
Recibimos con gran satisfacción el texto legal que aborda tan importante materia que recupera un pasado difícil de olvidar.
Como asociación progresista, la UPF, no puede guardar silencio sobre esta cuestión. No olvidemos la gravedad de lo que ocurrió en nuestro país: un gobierno elegido democráticamente fue derrocado por un golpe de estado que instauró un régimen dictatorial, que suprimió las libertades públicas más elementales y reprimió brutalmente durante cuarenta años a todo aquel que se considerase opositor al régimen, con violaciones constantes a los derechos humanos.
Teniendo una de las Constituciones más avanzadas de la época –la Constitución de 1931- sobre la que poder construir una sociedad más justa, libre e igualitaria, sin embargo, el golpe de estado auspiciado por unos militares traidores –cuyos aliados eran la Alemania nazi y la Italia fascista- nos despojó de ese futuro, sumergiéndonos en una sociedad en la que, como en todas las dictaduras, era algo habitual la tortura, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, supresión de libertades tanto políticas como individuales, etc.; colocándonos en el vagón de cola de los países de nuestro entorno.
El régimen franquista supuso, además de la mencionada supresión de libertades políticas e individuales, años de retraso cultural, científico, económico, social y de toda índole que tanto ha costado superar y que tantas generaciones han tenido que sufrir.
La necesidad de una Ley de Memoria Histórica ya fue defendida por la UPF en otras ocasiones, como en el XXI Congreso de la UPF celebrado en La Coruña en mayo de 2006.
Es imprescindible en una sociedad democrática rendir homenaje y reconocer sus derechos a las víctimas de la guerra y a todos los que fueron objeto de represalias por defender la legalidad republicana o tener ideas que se oponían a la Dictadura.
Asimismo, era necesario declarar la ilegitimidad de los tribunales del franquismo y las condenas dictadas por éstos por motivos políticos, ideológicos o de creencia contra los que defendieron la legalidad republicana o pretendieron el restablecimiento de la democracia.
Entendemos que la Ley tiene sus limitaciones, y pudo haber llegado más lejos y haber declarado la nulidad de los procesos y expedientes administrativos y de las resoluciones y sentencias dictadas en los mismos por los motivos antes mencionados – políticos, ideológicos, etc-, aspectos que, por otra parte, hay que reconocer tienen una gran complejidad técnica. En este sentido ya se pronunció esta asociación en su XXI Congreso.
Por ello, sin dejar de reconocer que esta Ley, en su redacción actual, es mejorable, debe ser valorada positivamente y entendida como un primer eslabón susceptible de un desarrollo más profundo en el futuro.
UNION PROGRESISTA DE FISCALES.-
Secretariado Permanente,
10 de enero de 2008