Dicho aumento debe materializarse en la creación, única y exclusivamente, de plazas de segunda categoría dado que, el déficit de estas plazas, además de discriminatorio para la carrera Fiscal en comparación a la carrera judicial, es vergonzoso y supone un lastre insoportable para la efectividad del derecho a la promoción a través del trabajo que se recoge en el art. 35 de la Constitución Española, toda vez que el ascenso a la categoría de fiscal en la actualidad, y a consecuencia de la carencia de esas plazas, es imposible en periodos razonables, encontrando que a día de hoy los ascensos se producen con más 10 años de antigüedad, situación que ha empeorado drásticamente en los últimos seis años.
La desproporción entre las plazas de segunda categoría de la carrera Fiscal y la de Magistrados de la carrera judicial, que son las equivalentes, se aprecia con absoluta claridad si examinamos únicamente los siguientes datos. Conforme al último escalafón de la carrera fiscal cerrado a 7 de Julio de 2018 había 32 fiscales de sala, 1801 fiscales de segunda categoría y 666 abogados fiscales, con un total de 2.499 miembros de la carrera fiscal, en cambio en el último escalafón de la Carrera Judicial cerrado a 31 de marzo de 2018, había 84 magistrados del Tribunal Supremo, 4.820 magistrados y 594 jueces, con un total de 5.498 miembros en la carrera judicial. Es decir, en la Carrera judicial existen solo 594 jueces y juezas- categoría equivalente a la de abogado fiscal- que representan el 10,8% del total, en cambio en la Carrera Fiscal existen 666 abogados fiscales que representan el 26,6 % del total de la Carrera Fiscal. Dicho de otro modo, en la carrera judicial 1 de cada 10 miembros son jueces y en la carrera fiscal 1 de cada 4 miembros son abogados fiscales.
Las circunstancias anteriormente referidas- la previsible aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y recepción de las ayudas del Fondo Europeo de Recuperación-, permiten a la UPF pensar que este es el momento propicio para que se lleve a cabo ese incremento de plantilla, por lo que SOLICITAMOS del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado que, sin mayores dilaciones, que solamente pueden acrecentar el problema en perjuicio de muchos de nuestr@s compañer@s, se adopten las medidas necesarias para abordar este aumento de plantilla . La UPF muestra desde este mismo instante su más absoluta disposición a colaborar con aquello que se precise tanto por la Fiscalía General del Estado como por el Ministerio de Justicia en aras a lograr este objetivo
Madrid a 26 de octubre de 2020
El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales
