La Fiscalía General del Estado vive en una situación de parálisis sin precedentes en las últimas décadas.
La ausencia de proyecto alguno del actual Fiscal General nos está colocando en una situación de extrema debilidad institucional que pone en serio riesgo nuestra capacidad para cumplir el mandato constitucional de la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y lo sitúa además, por ausencia de ideas propias, en un estado de absoluta sumisión al cumplimiento de las decisiones políticas del Ministerio de Justicia.
Nunca los recursos materiales y personales del Ministerio Fiscal han sido los necesarios, pero nunca, tampoco, se habían puesto de tal modo al servicio de la política de imagen (y poco más que imagen) del Gobierno.
Muestra de ello es la difícil e insostenible situación en la que se está colocando a las Fiscalías para llevar a cabo el proyecto de “papel cero”, cuya finalidad principalmente político-mediática se antepone a cualquier obstáculo de los muchos que derivan de su deficiente planificación e incompetente ejecución.
En efecto, sin ninguna evaluación del impacto que va a tener en las Fiscalías este proyecto, el Fiscal General del Estado y su Unidad de Apoyo, dirigida por un Fiscal de Sala, se limitan a trasladar a las Fiscalías, como un hecho consumado, el calendario de implantación digital elaborado por el Ministerio de Justicia.
El Fiscal General del Estado y su Unidad de Apoyo no atienden ni prestan la más mínima atención a las valoraciones realizadas por quienes durante meses han trabajado con el sistema que se pretende implantar para conseguir el papel cero. No les importa que dicho sistema sea calificado de altamente ineficiente, que obligue a utilizar de manera simultánea cuatro aplicaciones informáticas distintas, con un defectuoso funcionamiento técnico que ralentiza de manera exasperante el trabajo diario de los Fiscales.
Llueve sobre mojado, y las asociaciones de fiscales hemos denunciado reiteradamente las deficiencias de la aplicación Fortuny y el errático, interminable, costosísimo e inoperante proceso de informatización del Ministerio Fiscal, que ha podido ser el motivo para la no renovación del Fiscal de Sala Jefe de la Unidad de Apoyo hace unos meses.
No es admisible la acrítica y sumisa ejecución de la política equivocada del Ministerio de Justicia, uno de cuyos últimos episodios ha sido la ocultación al Consejo Fiscal hace dos días de la existencia del mencionado calendario de implantación digital.
Los Fiscales, los funcionarios de Fiscalía y los ciudadanos no tienen por qué sufrir las consecuencias de una decisión política basada sustancialmente en razones de imagen, no evaluada adecuadamente por los responsables de la Fiscalía y generadora de un grave menoscabo de la eficacia y la calidad del trabajo de la Fiscalía.
A la cúpula fiscal no parece preocuparle la grave incidencia de esa operación política de imagen en la organización del Ministerio Fiscal y en la eficacia de su trabajo, ni los posibles retrasos, archivos y perjuicios que se produzcan por la imposición a la Fiscalía de un sistema informático inidóneo y perturbador, que no asegura ni siquiera que el Fiscal sea consciente de los asuntos que debe dictaminar.
Es desolador constatar cómo la Fiscalía General del Estado y las unidades específicamente dedicadas a la materia simplemente no actúan, en lugar de hacerlo de manera autónoma y coordinada en lo que posiblemente sea la transformación más importante del Ministerio Fiscal en su historia moderna.
Ante esto, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales no pueden permanecer como espectadores pasivos de este desastre, y por ello nos sumamos a la convocatoria efectuada por nuetros vocales, interesando del Fiscal General del Estado la convocatoria, de forma immediata y con carácter extraordinario, al Consejo Fiscal, para que monográficamente analice esta situación y, con independencia de ello, actúe decididamente en defensa de la Fiscalía, oponiéndose a esta implantación forzada, que deberá ser suspendida hasta que se solucionen los graves problemas ahora existentes.
Albacete, Las Palmas, 10 de julio de 2017
