La Unión Progresista de Fiscales, ante el procedimiento que se ha abierto en la Audiencia Nacional sobre los crímenes cometidos tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, durante la guerra civil y la posterior represión franquista, quiere manifestar su apoyo a la investigación que solicitan los familiares de afectados y sus Asociaciones.
Anteriores iniciativas de la Unión Progresista de Fiscales denunciando los crímenes cometidos por las dictaduras militares de Argentina y Chile y tipificando dichos hechos como distintos delitos de lesa humanidad, abrieron, para nuestra legítima satisfacción, el camino para un gran avance del Derecho Penal Internacional en el ámbito de los Derechos Humanos, venciendo el muro de impunidad en que se amparaban los responsables de dichos crímenes. La Unión Progresista de Fiscales quiere resaltar que muchos de los argumentos jurídicos en su día atendidos para la persecución de los crímenes de las dictaduras antes mencionadas son perfectamente aplicables al presente caso, y los institutos jurídicos esgrimidos en contra (promulgación de leyes de impunidad, prescripción del delito, etc.) resultan inaplicables a la persecución de crímenes contra la Humanidad. Los éxitos judiciales que en España y en el extranjero obtuvo nuestra iniciativa deben ser recordados ahora como precedente de viabilidad de la causa que ahora se ha emprendido, esta vez dedicada a los terribles crímenes sucedidos en nuestro propio país. Crímenes que han sido objeto hasta el momento y durante largo tiempo de un vergonzoso olvido oficial.
Entendemos que consideraciones relativas a la competencia del órgano judicial, a la aplicabilidad o no de los efectos de la ley de amnistía, o concernientes a la prescripción o no de figuras delictivas concretas, constituyen en cualquier caso un debate jurídico prematuro en un momento tan embrionario de la instrucción, la cual, por todo lo expuesto, debe continuar en virtud del derecho de las víctimas de tan graves crímenes a obtener justicia y reparación, hasta recabar los elementos fácticos y jurídicos que permitan decidir sobre tales cuestiones.
