Desde el más profundo y absoluto respeto a la labor parlamentaria y al legítimo ejercicio de la crítica política, queremos poner de manifiesto que en un Estado de Derecho no se puede permitir la intromisión en la vida íntima y particular de ningún ciudadano mediante la grabación de sus conversaciones, mantenidas hace más de nueve años, parciales, sin garantía alguna de integridad o veracidad e imposibles de contrastar, y que ello sirva como ariete para intentar obtener algún tipo de venganza o ventaja procesal.
Colocar en el mismo plano esas conversaciones -interesadamente publicitadas y reproducidas- y la dedicación profesional de quien lleva más de 25 años al servicio de la Justicia, asumiendo las más altas y peligrosas responsabilidades en la lucha contra todo tipo de terrorismo, es un ataque al Estado de Derecho y a sus servidores. Hemos de defendernos de quienes no creen en este Estado de Derecho y piensan que con sus maniobras al filo de la legalidad son capaces de alterar el normal funcionamiento de las instituciones.
Convertir la política en un lodazal de escarnio público con cuestiones que nunca debieron trascender a la opinión pública y cuya grabación y difusión no tiene justificación legítima alguna solo beneficia a quienes se aprovechan de ella o tratan de sacar partido a las debilidades del sistema.
Albacete, 26 de septiembre de 2018
El Secretariado Permanente
