En fecha 10 de octubre de 2022 se ha celebrado un Consejo Fiscal de urgencia para tratar dos cuestiones muy concretas: el sometimiento al pleno del Consejo Fiscal del Plan de Formación y la resolución del recurso de alzada presentado por una compañera frente a la sanción leve de advertencia impuesta por su jefatura por retraso injustificado en el despacho de un asunto.
Comenzando con el Plan de Formación, ya fue discutido en la Comisión de Formación celebrada el mes pasado, donde los dos representantes del Consejo Fiscal que la integran, Roberto Valverde y Yolanda Ortiz, realizaron sus propuestas: por parte de aquél la necesidad de que se elevara el número de horas en la formación de la materia procesal penal y, por parte de ésta, la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a la formación en lenguas cooficiales, como ya se efectuó en un comunicado emitido el 16 de julio pasado. Ambas cuestiones fueron acogidas y han sido plasmadas en el Plan.
En lo referente al recurso de alzada, se trata de la materia más ingrata ante la que se ha enfrentado este Consejo, ya que no es de agrado de nadie situarse en la tesitura de tener que sancionar a un compañero (desde su jefatura) o desestimar sus alegaciones (desde el CF). Lo fácil es votar siempre la estimación, pero lo serio es situarse en el caso concreto.
Sobre la dimensión del trabajo que sobrellevamos y el retraso de los fiscales en la tramitación de los asuntos pueden realizarse valoraciones genéricas en las que todos, absolutamente todos, estaremos de acuerdo: somos pocos para atender un volumen de servicios y papel que nos impide, como Carrera, llegar a tiempo a todo; no en balde informamos trimestralmente de las causas que tenemos pendientes. Pensamos, por ejemplo, en los compañeros que asumen materias como delitos económicos, antidroga o anticorrupción o en determinadas fiscalías de área o territoriales y convenimos en que diariamente se sientan, no sobre sillones, sino sobre polvorines que, como si de artificieros se tratara, consiguen que no estallen; con una clara conciencia de servicio público, que es algo que nos liga a todos.
Desde ese punto de vista, pues, el panorama de una posible sanción disciplinaria debería eliminarse de nuestro escenario profesional: no se nos puede sancionar, porque somos pocos y mal repartidos. Pero hay que atender al caso concreto; y, por nuestra parte, nos hemos planteado la cuestión desde si teníamos argumentos para contradecir y revocar la decisión adoptada por la jefatura de la Fiscalía Superior de Madrid a la hora de considerar injustificado el retraso producido por la compañera. Pues bien, no los hemos encontrado: se trata de una Fiscalía Superior con un volumen de trabajo muy inferior al de la mayoría de las fiscalías de España y con una plantilla comparativamente sobredimensionada, que permite poder resolver los procedimientos urgentes en el plazo legalmente establecido. El asunto había sido reclamado en diversas ocasiones y se había interpuesto una queja en la oficina de atención al ciudadano por el retraso producido.
Estamos mal repartidos y no se nos puede exigir por igual a todos en cuestión de plazos.
Comprendemos la tristeza ajena, porque la compartimos e incluso en mayor medida al haber tenido que realizar este balance, pero no el estupor, salvo que se analice la cuestión desde el punto de vista de lo abstracto.
Con verdadera vocación de servicio público y de ayudar a mejorar esta carrera y nuestros derechos,
Burgos y Sevilla, 10 de octubre de 2022
Los representantes de la UPF ante el Consejo Fiscal
Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol
