Los magistrados, jueces, abogados, de distintas nacionalidades abajo firmantes, queremos mediante el presente escrito expresar nuestro reconocimiento y apoyo, por la labor que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en particular su Sala Penal.
La administración de justicia en un país sometido a un conflicto armado interno, frente al poder corruptor e intimidante de las organizaciones narcocriminales, expone al máximo la vida e integridad física de los operadores judiciales que defienden el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y los derechos humanos de las víctimas de los actores armados.
En Colombia, magistrados, jueces, operadores judiciales, abogados, funcionarios públicos probos y, defensores de derechos humanos, han pagado con el sacrificio de sus vidas o de su tranquilidad personal y familiar su compromiso en la superación de la impunidad.
La labor de la Corte Suprema de Justicia en los últimos años ha constituido un paradigma de valor, de compromiso profundo para juzgar y condenar, a un buen número de los máximos responsables de la barbarie a la que ha sido sometido el pueblo de Colombia: guerrilleros, paramilitares, y agentes estatales. Particularmente relevante ha sido el enfrentar la penetración en altas esferas del Estado de organizaciones criminales y, de dejar claro que bajo las instituciones públicas no puede haber forma de convivencia alguna con el crimen, ni por acción, ni por omisión.
Este empeño de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, indispensable y necesario para llevar a cabo su mandato constitucional no puede ni debe ser cuestionado, sino apoyado responsablemente y dotado de las máximas garantías por todos los órganos del Estado, como única vía para que cumpla su misión, se fortalezca la independencia del poder judicial y el Estado Social de Derecho. Al desarrollo de esta acción prestaremos toda nuestra atención y seguimiento.
Vito Monetti
Presidente
