En los últimos meses estamos asistiendo a una situación de claro deterioro del Estado de Derecho en Turquía. Jueces y fiscales han sido presionados en su actividad profesional con medidas tales como traslados forzosos o suspensiones e, incluso, varios jueces han sido detenidos por razón de decisiones judiciales que han dictado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, sin que se hayan respetado los mecanismos legalmente establecidos para el caso de discrepancia con el fondo de las mismas y sin que las razones de estas detenciones hayan sido aclaradas. Se da la circunstancia de que en todos los casos se trataba de asuntos especialmente sensibles para el poder ejecutivo.
La Unión Progresista de Fiscales quiere expresar su consternación, preocupación y repulsa por estos acontecimientos que están comprometiendo la independencia y autonomía de jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones en Turquía. Cualquier intento de control del poder judicial por parte del poder ejecutivo y toda forma presión que pretenda influir y condicionar la labor profesional de jueces y fiscales deben ser condenados en tanto compromete seriamente los estándares internacionales de un Estado de Derecho y es absolutamente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como ponen de manifiesto las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa CM/Rec (2000) 19 sobre el papel del Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal y CM/Rec (2010) 12 sobre los jueces: independencia, eficacia y responsabilidades.
Apoyamos asimismo a la asociación turca de jueces y fiscales, YARSAV, cuyo Presidente, Murat Arslan, ha sido cesado como miembro del Tribunal Constitucional turco por criticar esta acción del Gobierno sobre los jueces y fiscales turcos, siguiendo esta misma línea de acoso a las voces en defensa de la independencia del poder judicial, los derechos fundamentales y el Estado democrático de Derecho.
Santiago de Compostela, a 22 de septiembre de 2015
Secretariado Permanente de la U.P.F.
