Queridos compañeros y compañeras,
Este Consejo Fiscal ha comenzado con el anuncio, por parte del FGE, de dos cuestiones de distinta naturaleza: el nombramiento como nueva fiscal adjunta a la Fiscal de Sala de Menores de la compañera Mª Teresa Vicente Calvo, con más de treinta años en ejercicio y delegada de menores en Valladolid desde hace aproximadamente veinte años, y la intención de proponer la concesión de la medalla de la Orden de San Raimundo a todos los fiscales jefes que han cesado recientemente en sus respectivas jefaturas (A Coruña, Gijón, Vigo, Cáceres…).
La solicitud de los vocales por la lista de la AF de que se discutiera la aprobación del borrador sobre la proposición de ley de amnistía, que días antes habían remitido, ha sido abordada a continuación. Por nuestra parte hemos respondido en idénticos términos a las dos ocasiones anteriores en que se realizó la misma solicitud por estos vocales y en sintonía con el artículo que publicamos el pasado 10 de abril. Argumentan la necesidad de abordar el texto por una cuestión de higiene democrática, olvidando con ello que nada enturbia más el marco democrático que el desbordamiento de las propias competencias.
Sobre la naturaleza del Consejo Fiscal y sus competencias ha hablado, precisamente, el FGE acompañándose de una serie de documentos de los que os adjuntamos un informe, refrendado por todo el CF y hecho público en septiembre de 2005, que fue redactado a raíz de la solicitud de los vocales de la AF de que se definiera el marco objetivo del art 14.1.j) EOMF. Se concluye en el mismo que el CF constituye un órgano de asesoramiento interno del FGE, que no informa directamente al Gobierno de la Nación y que limita sus competencias de asesoramiento legal a los proyectos normativos que afecten a la estructura, organización y funcionamiento de nuestra institución. Por tanto, una naturaleza jurídica alejada de la que ostenta el CGPJ y un ámbito competencial reducido a las pretensiones legislativas del Ejecutivo, no del Legislativo.
La Teniente Fiscal del TS se ha remitido al último pronunciamiento del Tribunal Constitucional, dictado hace escasos días, donde se desgrana la diferente condición de los proyectos y las proposiciones de ley, y ha incidido en un argumento sobre el que posteriormente ha abundado el FGE: que la eliminación del arts 109.3º LOPJ en la reforma de 2013 supuso un recorte de competencias buscado de forma intencionada y voluntaria por el legislador. Y prueba de esto es que no existe ningún precedente en la historia de nuestra institución en que se haya informado proposiciones de ley.
Por último, ha querido el FGE rebatir la acusación de ocultación que se le achacó en una carta abierta por estos mismos vocales, recordando que fue recibida cuando estaba en funciones y que la contestó al día siguiente de tomar nuevamente posesión el 25 enero de 2024, siendo publicada en la web fiscal.es.
A continuación la Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo ha expuesto el informe sobre la aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la función pública y buen gobierno. Prevé esta Ley evaluaciones anuales -entre otros- de los órganos constitucionales, y fue la propia Fiscalía quien solicitó, en aras a fomentar la transparencia de la institución, someterse a las mismas. La Sra Rasillo ha expuesto el informe que será publicado en septiembre de 2024, donde se valora muy positivamente el esfuerzo de la FGE para lograr el indice de cumplimiento de las cuotas de transparencia, que en 2023 ha llegado al 100%.
En lo referente a los nombramientos de adjuntos a los Delegados de protección de datos de Navarra, Cataluña, La Rioja y País Vasco, ha habido un solo peticionario en tres de los casos y otro de ellos lo ha sido por designación de la jefatura. Tanto el FGE como la Jefa de la Inspección Fiscal han agradecido la buena predisposición de los compañeros designados.
Como siguiente punto hemos tratado un expediente de compatibilidad que versaba sobre la posible integración de una compañera en el Consejo asesor de la Sección de protección de datos y big data del Colegio de abogados de Madrid. El rechazo ha sido unánime y coincidente con las propias dudas de la fiscal solicitante.
La nueva fiscal que integrará la Unidad de Apoyo, tras la última vacancia, es la compañera Margarita de la Barga. El FGE ha alabado los currículos de todas las solicitantes, si bien ha expuesto que la nombrada gozaba de un perfil más ajustado a las necesidades de la unidad.
La vocal Dª Mª Isabel Gómez López ha asumido la ponencia de la Propuesta de modificación del Reglamento de 1/2015 de 15 de septiembre, de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Ha refrendado el borrador de informe de la Secretaría Técnica, sin introducir ninguna modificación, y ha resaltado las sugerencias que se efectúan para mejora del texto normativo.
A continuación se ha tratado el borrador de Instrucción sobre formación de la FGE, alabado por los vocales y respecto del que se han realizado propuestas concretas, que han sido recogidas por el FGE.
Finalizados los puntos del orden del día, la Fiscal Jefa de la IF ha informado sobre el calendario de ascensos y convocatorias de concursos: Ha comenzado informando que en 2023 se han producido 615 movimientos de fiscales, lo que supone casi el 23% de la plantilla: 21 movimientos de concursos discrecionales, 379 reglados, 12 comisiones de servicio con relevación de funciones, 100 nuevas incorporaciones en expectativa de destino, 2 ascensos a la primera categoría y 77 a la segunda. Dado que el Reglamento obliga a convocar tres concursos reglados anuales, existe la vocación de establecer un calendario fijo que permita a los fiscales gozar de cierta previsión. Consistiría en el siguiente:
● Una primera propuesta de ascensos remitida en enero al Mjus, quien resolvería en febrero.
● Concurso reglado en marzo-abril. Siendo lo ideal que pudiera incluir plazas de nueva creación, la realidad es que suelen retrasarse. Por ello es preferible un concurso con menos dotación de plazas, pero a tiempo, que uno más extenso y cercano al verano (lo que ocurrió en el pasado con los consiguientes problemas de conciliación familiar). Este concurso quedaría resuelto en mayo-junio.
● En septiembre habría otro concurso reglado, que quedaría resuelto en noviembre.
● En diciembre, el concurso de los alumnos del CEJ.
En lo referente a este año, habrá un concurso discrecional antes de verano y uno reglado en septiembre. El de los compañeros del CEJ será en noviembre.
Ha continuado exponiendo que, con relación a la reconversion de las 219 plazas, la IF llegó a la conclusión de que lo que pretendía el Real Decreto era equiparar progresivamente el nº de plazas de 2ª categoría de fiscales con el porcentaje que disfruta la carrera judicial; de ahí que la pretensión de la IF inmediata a la resolución del concurso reglado sea remitir al MJus el ascenso de otras 219 fiscales, igual número a las ya reconvertidas, algo que debiera admitirse si lo que se pretende en romper la brecha existente con la carrera judicial
Por otra parte, ha lamentado la Sra. Sanz los 116 compañeros que continúan en expectativa de destino, así como los retrasos en los aumentos de plantilla que obstaculizan la progresiva absorción de estas plazas en régimen de transición. Y ha asegurado que sigue siendo uno de los caballos de batalla de la IF garantizar que los aumentos de plantilla sean siempre en plazas de 2ª categoría.
En lo referente a la plaza del Director de formación del CEJ, ha comunicado que no ha salido a concurso, debido a que el Mjus todavía no ha presupuestado su salario. Se trata de una plaza que no esté en la RPT del Ministerio, y la FGE no tiene intención de ofrecerla en tanto no pueda informar sobre todos sus extremos.
Por último, el FGE ha informado sobre el Plan de actuación de la FGE en el marco de su colaboración con el programa El PAcCTO 2.0, para cuya conformación se han tenido contactos con Fiiap y AECI y una de cuyas áreas será coordinada por nuestro compañero Borja Jiménez. Asimismo, sobre la potenciación de redes de cooperación en el ámbito de la AIAMP, bajo el seguimiento continuo por parte de la UCIF.
Burgos y Sevilla, 25 de abril de 2024. Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol.
