El 13 de diciembre de 2019, nuestro compañero Álvaro Garcia Ortiz (ex presidente de la UPF, vocal del Consejo Fiscal y Fiscal Delegado de Medioambiente de Galicia) participó en nombre de la Union Progresista de Fiscales en la mesa redonda “Unha Galicia sostenible”, organizada por el Partido Socialista de Galicia, junto a la presidenta de ADIF y los catedráticos de Política Económica y Ecología de la Universidad de Vigo. En ella, se trató la problemática de los incendios forestales en esa comunidad autónoma y se formularon diversas propuestas de mejora para el servicio público de la Justicia.
Ante los artículos publicados recientemente por varios medios de comunicación, las manifestaciones vertidas por el portavoz de un partido político y, en especial, tras las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, , la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:
Primero: Como reconoce nuestro ordenamiento jurídico español, la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, las y los miembros del Ministerio Fiscal tienen derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión. Y especialmente, tienen derecho a tomar parte en cualquier debate público que verse sobre derecho y administración de justicia, así como sobre promoción o protección de los derechos humanos. Sin que, por tanto, puedan ser señalados por ejercer sus derechos constitucionales ni puedan sufrir impedimento en el desarrollo de su carrera profesional.
Segundo: Lamentamos que el vicepresidente ejecutivo de la Xunta de Galicia se convierta en censor de las actividades de los fiscales. Queremos resaltar que, como miembro del Gobierno de Galicia, el Sr. Rueda no es quién para pedir explicaciones sobre la actuación de un fiscal en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, así como al libre y pleno desarrollo de su derecho asociativo como integrante de la carrera fiscal.
Tercero. La única instancia que, en su caso, podría pedir algún tipo de explicación a nuestro compañero es la propia Fiscalía General del Estado, a través de la Inspección Fiscal, único órgano con capacidad de limitar o sancionar las conductas de los fiscales. Esta institución, que fue consultada previamente, no puso reparo alguno a la participación de nuestro compañero en dicho acto.
Cuarto: Ejercer la censura desde su posición institucional, como hace el vicepresidente gallego, por el hecho de participar en una mesa redonda que parece no ser de su agrado, sí supone una intromisión inaceptable que cuestiona la contrastada profesionalidad de este fiscal y dice mucho de su concepción del Estado de derecho, en que el ejercicio de la libertad de expresión parece solamente limitado a quienes no siguen sumisamente sus dictados, argumentos y razonamientos políticos.
Quinto: La UPF comparte todo su potencial humano e intelectual al servicio del progreso social. No es la primera ni será la última vez que nuestros asociados participen y colaboren en cuantas acciones requieran de nuestra experiencia, propuestas y convicciones sobre el perfeccionamiento de la administración de Justicia, la defensa y plena realización de los derechos y libertades de la ciudadanía y la promoción del interés social.
Madrid, a 18 de diciembre de 2019
Secretariado Permanente de la UPF
