En la mañana de ayer, y a iniciativa del Ministerio de Justicia, asistimos a una reunión con todas las asociaciones de jueces y fiscales, la cual tenía por objeto, según la convocatoria preparar “una próxima reunión de la Comisión de retribuciones creada en la Disposición Adicional Primera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo”, que lleva casi diez años sin reunirse, y que no sabemos ni si será convocada ni cuándo, extremo que ni el propio Ministerio conoce.
Si eran poco esperanzadoras las expectativas antes de la reunión, ya que inicialmente ni siquiera los fiscales íbamos a ser convocados y lo fuimos por una decisión a última hora de la Secretaria de Estado convocante, tras la misma la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:
Hemos percibido que al Ministerio le preocupan poco las retribuciones de los jueces y menos aún las de los fiscales, y trata de englobar esta cuestión en una consideración global de los juzgados y de las oficinas fiscales, lamentando según dice la negativa del Ministerio de Hacienda incluso a tratar muchos de los temas que sugerimos y de los que destacamos los siguientes:
– Recuperación de la reducción de retribuciones padecida en 2010 como consecuencia de una “instrucción de servicios”, que el Gobierno utilizó para desarrollar el Decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, reducción muy superior a la media y que entendemos debe ser restituida una vez superada la crisis.
– Revisión de la retribución de las Guardias, particularmente de las que se realizan en fiscalías de área y pueblos, retribuidas a 40 € el día, importe inferior al coste de una hora de trabajo de un profesional no cualificado de la industria.
– Supresión de los grupos de población 4 y 5 , que afecta especialmente a los fiscales de tercera categoría, cuyas perspectivas de promoción y traslados son muy limitadas en la actualidad .
– Cobro del complemento adecuado por parte de los fiscales de segunda en plazas de tercera y de los de tercera en plazas de segunda.
– Revisión global de las retribuciones de los fiscales de tercera categoría, punto en el que de nuevo insistimos que es injusto y absurdo que un abogado fiscal perciba menos salario que por ejemplo un agente de policía local.
Una justicia de calidad debe ir ligada unas retribuciones dignas para los fiscales, que tengan en cuenta además el rígido sistema de incompatibilidades y prohibiciones a que nos vemos sometidos en el ejercicio de nuestras funciones, y al nivel retributivo de otros cuerpos del Estado con similares exigencias y responsabilidad. Rechazamos la idea del Ministerio de englobar nuestras retribuciones y productividad al trabajo de otros funcionarios, muy respetable pero con unas exigencias de preparación, dedicación, esfuerzo y responsabilidad muy diferentes.
La Unión Progresista de Fiscales continuará con su defensa decidida de las reivindicaciones profesionales de los fiscales y de sus condiciones de trabajo. Seguiremos reclamando del Ministerio un trato adecuado a nuestra función constitucional, unas retribuciones justas, unos medios suficientes, una justicia digital de calidad, bien planificada y bien ejecutada, y todo ello con los pies en el suelo, sin demagogias ni triunfalismos, a este Gobierno, y a los siguientes, y ello porque estamos convencidos de que sólo así lograremos las condiciones para un servicio público de calidad, que revertirá sin duda en todos los ciudadanos.
Albacete, 13 de diciembre de 2017
El Secretariado Permanente de la UPF