En los últimos tiempos la Unión Progresista de Fiscales viene manifestando públicamente su preocupación y rechazo tanto a las reformas legislativas aprobadas en el ámbito judicial, como a las que se hallan próximas a su promulgación. Y es que no han sido pocos los cambios legislativos emprendidos por este Gobierno y que tanto consenso en su rechazo ha generado en el mundo jurídico -tasas, asistencia jurídica gratuita, jurisdicción universal, aborto, seguridad ciudadana, Código Penal o reforma del poder judicial, entre otros-.
Con especial preocupación destacamos la reforma procesal anunciada, tanto en el borrador de Código Procesal Penal como en el posterior anteproyecto de LOPJ, que subestiman la capacidad y valía del Ministerio Fiscal como director de la investigación en un modelo procesal penal que debe adaptarse de forma imperiosa a las realidades y necesidades del siglo XXI. Más al contrario y lejos de acometer el cambio de modelo que la administración de justicia necesita, ambos proyectos sólo resultan explicables desde el desconocimiento y la distancia exorbitante que se constata entre el pre-legislador y la realidad que como Fiscales advertimos en nuestras tareas diarias.
La actividad desarrollada en los meses precedentes por el Consejo Fiscal y sus informes en relación a las últimas propuestas legislativas dan fe de cuanto se acaba de decir.
Así, el informe aprobado por la mayoría del Consejo sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada ya advierte de los innumerables defectos técnicos de la propuesta. El voto particular emitido por nuestros Vocales ha ido, acertadamente, más allá. Desde un riguroso análisis jurídico y constitucional de la materia, nuestro voto discrepante expresa lo innecesario de la reforma y estima que, con carácter general, la vigente regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo contiene una más que adecuada y ponderada valoración de los derechos y bienes jurídicos en conflicto, particularmente de los derechos de la mujer embarazada.
En cuanto al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, el informe del Consejo es globalmente crítico con la visión gubernativa y administrativista del Poder Judicial que impregna todo el anteproyecto. De esta manera, el dictamen emitido advierte de la defectuosa regulación de la denominada “jurisprudencia vinculante”, así como del difícil encaje en nuestro sistema de la “vinculación al precedente”. Del mismo modo, la regulación de las cuestiones prejudiciales y la instrucción colegiada también han merecido un juicio negativo pues complican y retrasan injustificadamente la instrucción de las causas penales. Asimismo, la regulación de las restricciones a la libertad de expresión roza la inconstitucionalidad. Finalmente, alerta el informe del Consejo sobre la necesidad de que el diseño de los Tribunales Provinciales de Instancia no aleje a los ciudadanos del servicio público de la justicia y tenga presente la actual implantación territorial de sedes judiciales.
Por último, el Anteproyecto de Ley por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, las Redes Judiciales de Cooperación Internacional y los Magistrados de Enlace ha provocado una contundente crítica por parte del Consejo Fiscal, y es que el texto propuesto desoye los informes y sugerencias que el Ministerio Fiscal ha venido trasladando sobre esta materia al Ministerio de Justicia e incorpora una concepción gubernativa de la cooperación jurídica internacional al adscribir orgánicamente el Miembro Nacional al Ministerio de Justicia. Además, de forma injustificada, suprime el papel central de la Fiscalía General del Estado en la transmisión de información y en la canalización de comunicaciones de Eurojust.
Igualmente, en relación con la actividad del Consejo Fiscal, no pueden obviarse las iniciativas de los Consejeros de la Unión Progresista de Fiscales en relación con la delicada situación de la Fiscalía Provincial de Madrid. Así, se ha instado la revisión del procedimiento seguido para el nombramiento de Decanos y Delegados, asumido la impugnación del plan de organización y distribución de trabajo que cien Fiscales de la plantilla hicieron llegar al Consejo y, finalmente, solicitado la verificación de los criterios seguidos para la distribución de los servicios de guardia. Se trata, en definitiva, de intentar dar respuesta en el Consejo a las demandas y reclamaciones que los compañeros nos plantean en el desarrollo diario de sus funciones como Fiscales.
En otro orden de cosas, la Unión Progresista de Fiscales advierte con profunda inquietud y malestar la injustificable desconsideración que la carrera fiscal viene padeciendo por parte del Ministerio de Justicia. Buena prueba de ello resulta tanto la implantación de un nuevo sistema de sustituciones que, lejos de conseguir esa ansiada profesionalización, precariza nuestro trabajo diario, genera injustos agravios comparativos y menoscaba el servicio público de la justicia; como la intolerable injerencia política en materias tan sensibles como la cooperación judicial internacional. Pero no sólo eso, la política seguida en materia de nombramientos y concursos de traslados resulta también ejemplo elocuente de ello y merece nuestra expresa reprobación.
Finalmente, en el contexto actual de crítica desmedida a las resoluciones judiciales que no satisfacen el interés de algunos gobernantes -como la reciente sentencia de la Audiencia Nacional en el conocido “caso Parlament”-, la Unión Progresista de Fiscales censura tales ataques a la independencia de Jueces y Tribunales, reclamando al tiempo el cese de cualesquiera presiones o apremios sobre los mismos en aquellos casos en que sus resoluciones o informes no son del agrado o interés de tales dirigentes.
En Santiago a 15 de julio de 2014
El Secretariado Permanente de la UPF
Un comentario
Entiendo su rechazo porque es el mismo que sentimos la mayoría de los ciudadanos, que vemos cómo la Justicia está manejada por el poder político. Esto se aprecia claramente en algunas sentencias que se están dictando, con penas desmesuradas para unos y muy suaves para otros.Entiendo que desde donde mejor se puede luchar por una verdadera Justicia es desde dentro.