La Unión Progresista de Fiscales, con base en el documental publicado en el día de ayer en el periódico El País, denuncia la tragedia ocurrida el día 24 de junio de 2022, en la frontera sur de España, en concreto en el puesto fronterizo de Barrio Chino entre Nador (Marruecos) y Melilla.
Una vez más constatamos que, ante las acciones de violación de los derechos humanos de la población migrante en frontera, desde el Ministerio del Interior de España se repiten las mismas formas de respuesta que se dieron en la tragedia de la playa del Tarajal en Ceuta.
El Ministro del Interior Grande Marlaska emulando a su antecesor, Jorge Fernández Díaz, se ha replegado en la negación de la evidencia, en discusiones imposibles acerca de la extensión del territorio español y su frontera o sobre el alcance del desempeño de la soberanía española en las mismas, hasta el punto de desplazar toda la responsabilidad del estado Español en las autoridades marroquíes.
Ante la evidencia de cómo se realizaron las popularmente denominadas «devoluciones en caliente» de las personas migrantes, recordamos que los rechazos en frontera se regulan en la disposición final primera de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana que establece el régimen especial de Ceuta y Melilla «En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.«
Así mismo, recordamos que en la actualidad el Ministerio del Interior sigue imposibilitando las solicitudes de protección internacional en las zonas de Ceuta y Melilla.
La Unión Progresista de Fiscales considera que los hechos producidos en la frontera sur de España en Melilla no son compatibles con los estándares de respeto a los derechos fundamentales que obligan a nuestro país.
Ante esta acción denunciada, que ha provocado una cifra de al menos 24 personas fallecidas y más de 60 desaparecidas – que se suma al escándalo por las devoluciones de menores en Ceuta que denunciamos el 14 de agosto de 2021- la Unión Progresista de Fiscales pide que el Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska sea cesado en el ejercicio de sus funciones.
Y se pide, además, que este cese suponga un punto de inflexión para que el gobierno implemente ya nuevas dinámicas de actuación en la frontera sur que sean respetuosas y compatibles con las obligaciones del estado español, con el ejercicio de la soberanía española en todo nuestro territorio y que, además, suponga la implantación de vías que posibiliten la petición de protección internacional.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre de 2022.