COMUNICADO DE LA UNION PROGRESISTA DE FISCALES SOBRE EL “CASO DIVAR”
La UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, en relación con la denuncia presentada por un vocal del CGPJ contra el presidente de dicho órgano y ante el archivo de la misma acordado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, manifiesta su preocupación y alarma por las razones siguientes:
1ª) El Decreto de archivo refleja bien a las claras que los hechos denunciados, objetivamente merecedores de investigación, no han sido en absoluto investigados, habiéndose limitado las diligencias practicadas por la Fiscalía a recabar documentación fragmentaria e incompleta, para acudir después a valoraciones confusas de los hechos (como esa suerte de equiparación entre la no exigencia de indicación del motivo de un viaje y la naturaleza del motivo mismo), así como a interpretaciones excesivamente formalistas, incompletas y apresuradas del Código Penal (obviando los elementos del art. 433 CP, por ejemplo).
2ª) Con independencia de la relevancia penal que los hechos, si fueran debidamente investigados, pudieran o no tener finalmente, el Decreto de archivo refleja y confirma que el CGPJ funciona en un régimen de secretismo, relajación presupuestaria y ausencia del mínimo control interventor que resultan inaceptables en una administración pública democrática. Valga como ejemplo el escandaloso rechazo en reciente sesión plenaria de la propuesta del vocal denunciante para que se consigne en la justificación del gasto la concreta actividad relacionada con el cargo y las funciones motivadoras de los desplazamientos, evitando así que se endosen al presupuesto del CGPJ público gastos de naturaleza privada –en cuanto ajenos a las necesidades estrictamente derivadas de la prestación de sus servicios oficiales- sin que ello se detecte y corrija.
3ª) Se consolida, pues, la escandalosa sospecha de que la práctica del CGPJ se aleja de los elementales principios de transparencia, austeridad y contención en el gasto que deben presidir siempre la actuación de todos los servidores públicos y máxime la de quienes, como el Sr. Divar, encarnan las más altas instituciones del Estado, de cuyo prestigio y ejemplaridad son responsables. El Sr. Divar fue nombrado Presidente del CGPJ a propuesta del Pleno de este órgano en un ejercicio independiente de su responsabilidad por los vocales que lo integran, por lo que son ellos quienes, en el ejercicio igualmente independiente de su responsabilidad, vienen obligados a reparar en la medida de lo posible el daño institucional ya consumado.
Palma de Mallorca, a 23 de mayo de 2.012.
2 respuestas
Los motivos de la fiscalia no se sostienen porque no presenta la facturas de los gastos de sus cuentas
El problema es doble: la más alta instancia de la justicia española viaja «oficialmente» a Marbella de continuo. ¿Por qué a las demás localidades españolas no? No son creíbles, pues, sus explicaciones, y ello entierra el listón de la credibilidad de los togados. Por otro lado, la ley, escandalosamente, le ampara. Todo lo que está pasando causa en la ciudadanía el efecto de «indefensión aprendida»: para qué hacer nada, si quien lo intenta se convierte en sospechoso o criminal.