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«La  Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales rechazan de forma absoluta las descalificaciones que con motivo del ejercicio de  sus funciones vienen sufriendo los Fiscales que participan en el  procedimiento de los Expedientes de regulación de empleo irregulares  en  Andalucía, mostrando su apoyo y solidaridad a los mismos.

El cuestionamiento permanente de las decisiones jurídicas adoptadas por  los miembros del Ministerio Fiscal en asuntos de transcendencia política  en nada beneficia a una institución que , como la del Ministerio Fiscal,  tiene por función promover la acción de la justicia en defensa de la  legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público  tutelado por la Ley, por lo que se solicita, nuevamente, respeto a a la  actuación profesional de los Fiscales, sin que la coincidencia, o no, con  los dictámenes que se efectúen, sean objeto de un uso partidista por las  diferentes fuerzas políticas de uno u otro signo».

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