La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscalesquieren mostrar conjuntamente su apoyo y solidaridad a todos los fiscales, jueces y cuerpos de seguridad que están conduciendo investigaciones relativas a casos de corrupción pública, frente a las perversas estratagemas de descalificación, deslegitimación e incluso calumnia que se están produciendo últimamente contra los mismos.
Cuando las investigaciones afectan a determinados estamentos del poder público, económico o social, vemos cómo los imputados, fuera de las legítimas vías de defensa y prevaliéndose de su red social de apoyo, secundados de forma oscura por algún medio de comunicación y jaleados por profesionales de dudosa calidad deontológica, construyen o promueven campañas de ataque directo a los concretos servidores públicos que les investigan. Su objetivo es transparente: deslegitimar su actuación procesal o directamente amedrentarlos en el desempeño de su función. Dossieres, seguimientos, medias verdades o mentiras completas se entremezclan en tal estrategia de intimidación, insidia y despiste.
Este sucio fenómeno, ciertamente nada nuevo, está alcanzando en los últimos tiempos cotas preocupantes de contumacia y niveles de perfidia desconocidos hasta la fecha, hasta el punto de que determinadas conductas pudieran ser claramente constitutivas de ilícitos penales. Ni el derecho de defensa, ni una mera apariencia de ejercicio de la libertad de expresión o de información pueden amparar la mentira, la coacción o la lesión de la dignidad personal y profesional de jueces y fiscales que ejercen su función con imparcialidad y desde la independencia y la autonomía que la ley respectivamente les atribuye.
Este tipo de conductas requieren especial seguimiento y sus responsables deberán ser perseguidos penalmente cuando sean constitutivas de delito.
